La Fiscalía General del Estado de Campeche confirmó que realiza una investigación de una camioneta reportada como robada y que era utilizada por un familiar de la Policía Ministerial, por lo que de comprobar la irregularidad se turnará el expediente a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.
Una camioneta con reporte de robo, Toyota roja con placas DFN-881-A de Campeche, fue localizada en el domicilio de un comandante activo de la Policía Ministerial. Con conocimiento de otro comandante de la misma corporación. Aunque la Fiscalía dice que fue retenida por elementos policíacos mientras circulaba.
La unidad fue reportada como robada en el Estado de México, aunque el propietario reconoció su vehículo y dijo que el robo ocurrió en Campeche, lo que presume una manipulación del expediente.
Luego de darse a conocer el posible hecho ilegal por parte de elementos de la Fiscalía, en un comunicado aceptó la presunta ilegalidad cometida por los agentes ministeriales.
En el texto, la FGECAM explica que derivado de las acciones operativas que realizó la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, aseguró una camioneta con reporte de robo en Hecelchakán mientras circulaba por la vía pública.
Noticia Destacada
Acusan al alcalde de Carmen de usar la Policía para callar a críticos por muerte de venado protegido en su casa
Y acepta que, de acuerdo con los primeros reportes, el vehículo lo conducía un familiar de un elemento adscrito a la Fiscalía.
Por lo que el director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Hugo Práxedis Núñez, tomó conocimiento inmediato del caso y dio parte a la Dirección de Control Interno, para la investigación correspondiente.
Sostiene que, conforme a los resultados de las indagatorias, pueden remitir la información a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en caso de ser procedente.
Y señala que la Fiscalía General del Estado de Campeche tiene un compromiso con la legalidad, transparencia y la rendición de cuentas, por lo que actuará conforme a derecho en caso de haber una responsabilidad administrativa o penal por parte del personal activo.