El Congreso Local aprobó dos exhortos para inicialmente exigir respuestas a la Secretaría de Educación (Seduc) en relación al uso y recaudación de las conocidas como “cuotas escolares”, así como a los municipios que refuercen la seguridad en cada uno de sus territorios.
Inicialmente por unanimidad de votos fue aprobado un exhorto hacia la Seduc para que, en el ejercicio de su competencia, proporcione información necesaria para la aclaración de hechos relacionados respecto al cobro de cuotas que condicionen el acceso a servicios educativos.
Esto a solicitud expresa de padres de familia, quienes han documentado casos en los que las cuotas escolares son utilizadas como mecanismo de condicionamiento para la inscripción, aplicación de exámenes o entrega de documentos, lo cual contraviene los principios constitucionales y legales.
“Estas situaciones generan un impacto negativo en el derecho de acceso a la educación, al establecer barreras económicas que discriminan a quienes no pueden cubrir dichas contribuciones”, señala la exposición de motivos.
Además, fue aprobado por mayoría de votos (19 a favor, 12 en contra y dos abstenciones) el exhorto a los 13 ayuntamientos del Estado para que, a través de sus atribuciones legales y presupuestarias, implementen líneas de acción en materia de Seguridad Pública.
“En sus presupuestos de egresos deberán destinar recursos específicos y suficientes a la rehabilitación, mantenimiento y mejora de los destacamentos de policía ubicados en juntas municipales y comunidades rurales, garantizando su operatividad y proximidad ciudadana”, señala el texto.
Ello a raíz de que solamente 10 municipios de los 13 que integran el Estado cuentan con su propia policía municipal, ya que Campeche, Dzitbalché y Seybaplaya carecen de agentes de seguridad propios, y delegan la responsabilidad a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC).
Por unanimidad de votos, fueron también aprobados los proyectos de reforma a la Ley de Protección de Adultos Mayores y al Código Penal del Estado de Campeche, para aumentar en una tercera parte las sanciones por fraude cometido contra personas adultas mayores.
“Con esto se garantiza el derecho al patrimonio, con la finalidad de establecer que la edad no será motivo de privación ni discriminación en el goce y disfrute del patrimonio de las personas adultas mayores. Por lo cual, en caso de presentarse conductas que pretendan menoscabar o limitar este derecho, estas serán sancionadas”, señala la exposición de motivos.