Las policías Estatal y Ministerial en Campeche no están aplicando los protocolos de actuación en detenciones, lo que ha resultado en 161 quejas contra la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) y la Fiscalía General del Estado (Fgecam) durante el último año, según la Comisión de Derechos Humanos de Campeche (Codhecam). Las quejas, en su mayoría, se relacionan con detenciones arbitrarias y abuso de autoridad.
En 2025, la SPSC y la FGECAM fueron las entidades públicas más denunciadas, con 156 y 105 quejas, respectivamente. Estos incidentes reflejan la urgente necesidad de que los agentes reciban capacitación y sensibilización para evitar violaciones a los derechos humanos.
Noticia Destacada
Casi el 10% de las pequeñas tiendas en Campeche podrían cerrar en 2026
La Ley de Justicia Cívica sanciona faltas administrativas con multas o arrestos de 24 a 36 horas, que pueden ser sustituidos por trabajo comunitario. A pesar de estos mecanismos, el activista Rodrigo Nick Castillo, presidente del colectivo ConSentido, señala que el problema tiene raíces históricas y que las situaciones adversas, como la intervención en casos de personas bajo efectos de alcohol o cometiendo delitos, no justifican los abusos.
Castillo enfatiza que, aunque ha habido avances en la capacitación policial, estos son graduales y no siempre visibles para la sociedad. Es vital reforzar la formación en derechos humanos y aplicar eficazmente los protocolos.
Noticia Destacada
Renovación de placas y tarjetas de circulación causan largas filas en Campeche
El protocolo de detención en Campeche, basado en la legislación nacional y los derechos humanos, establece que la policía debe identificarse, informar sobre el motivo de la detención, leer los derechos constitucionales y tratar con respeto, usando la persuasión verbal antes de la fuerza. Además, todas las detenciones deben registrarse en el Registro Nacional de Detenciones (RND) para garantizar la legalidad y transparencia.
Sin embargo, aunque existen esfuerzos para capacitar y transformar las corporaciones policiales, estos protocolos a menudo no se implementan de manera efectiva, lo que contribuye a la desconfianza ciudadana en las instituciones de seguridad y justicia.
