Ejidatarios de Calkiní acordaron continuar por la vía legal y pacífica la gestión para exigir el pago de 19 millones 569 mil pesos por terrenos ocupados por la carretera federal 180, en el tramo comprendido entre el puente del Tecnológico y el puente de Tepakán. En asamblea dominical, aprobaron otorgar una prórroga para que se concrete la indemnización, aunque advirtieron que podrían tomar medidas de presión si no hay respuesta.
Durante la reunión, el apoderado legal del ejido explicó que el monto fue reconocido mediante una sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Distrito, por la superficie de terreno ocupada para la construcción de la vía federal. Sin embargo, el pago no se ha realizado y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (antes SCT, identificada en la asamblea como SICT) interpuso un recurso de queja contra la resolución.
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Ante ello, el ejido promovió acciones legales para que la sentencia sea confirmada y pueda avanzar el procedimiento de cobro. Los asambleístas acordaron esperar el resultado del proceso y mantenerse atentos a las gestiones realizadas ante las autoridades involucradas en el caso.
Los ejidatarios señalaron que, en caso de no obtener una respuesta favorable dentro del plazo concedido, analizarán medidas adicionales, entre ellas el cierre de la carretera federal. Una acción de este tipo podría afectar la circulación vehicular en una vía importante de comunicación para la región del Camino Real.
No es la primera vez que el núcleo agrario de Calkiní recurre a bloqueos para exigir pagos pendientes por derechos de vía. En 2024, ejidatarios bloquearon el tramo Calkiní-Uxmal para presionar por la indemnización de tres kilómetros ocupados por trabajos relacionados con el Tren Maya.
Marco legal
En materia de expropiación y ocupación de bienes por causas de utilidad pública, la legislación establece que la indemnización debe pagarse al titular legítimo del bien o del derecho, conforme a los términos fijados en el decreto o en el acuerdo con el afectado.
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La ley estatal también señala que, contra la resolución judicial que fija el monto de una indemnización, no procede recurso alguno, y que el importe debe cubrirse según corresponda a la autoridad o persona que reciba el bien expropiado.
Los ejidatarios de Calkiní reiteraron que privilegiarán el diálogo y los mecanismos legales necesarios, pero exigieron que las autoridades competentes atiendan la sentencia y definan una fecha concreta para el pago de los 19 millones 569 mil pesos reconocidos por la superficie afectada.
