El trabajo infantil puede sancionarse con multas de hasta 500 mil pesos para los empleadores y penas de uno a cuatro años de prisión, de acuerdo con el marco legal aplicable, advirtió la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en Campeche. La dependencia hizo el señalamiento ante los 19 mil 676 menores de entre cinco y 17 años que laboran en la entidad, según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La titular de la dependencia, Annabel Báez Vázquez, recordó que, además de las sanciones previstas en la Ley Federal del Trabajo (LFT), el artículo 201 del Código Penal Federal contempla penas privativas de la libertad por explotación de menores en los supuestos que establece.
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La STPS advirtió que, aunque la mayoría de los casos identificados durante sus recorridos se concentra en la capital del estado, también existen reportes de adolescentes que trabajan en comunidades rurales, principalmente en actividades agrícolas que pueden poner en riesgo su integridad. Báez Vázquez señaló que han inspeccionado plantíos de pepino ante reportes sobre la posible presencia de menores; durante las revisiones no han coincidido con ellos.
La subsecretaria calificó como preocupante la cifra reportada por el Inegi y sostuvo que incluso un solo menor obligado a trabajar representa un problema que debe atenderse. Explicó que el Gobierno estatal, a través de las dependencias que integran la Comisión Interinstitucional para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil (CITI), realiza operativos, difunde información sobre las sanciones y busca concientizar a empleadores y familias acerca de las consecuencias de estas prácticas.
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Durante las inspecciones, las autoridades han identificado a menores que venden dulces, pulseras o ropa, así como a niños que ayudan a servir alimentos o limpiar establecimientos. No obstante, la funcionaria indicó que algunas familias justifican estas actividades como apoyo en negocios propios.
Al respecto, advirtió que no debe confundirse la colaboración familiar con prácticas que vulneren los derechos de la infancia, ni normalizarse el trabajo infantil bajo el argumento de que los menores deben aprender a trabajar.
Báez Vázquez reconoció que las dificultades económicas llevan a algunos niños y adolescentes a contribuir al sustento familiar, pero insistió en que deben priorizarse su educación, desarrollo y bienestar. Añadió que, hasta el momento, la dependencia no ha confirmado casos específicos durante sus operativos, aunque esto no descarta la existencia de la problemática.
En caso de detectar posibles delitos, la STPS dará vista a la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) para que determine las responsabilidades correspondientes. La funcionaria también advirtió que los padres o tutores involucrados en casos de explotación infantil podrían enfrentar consecuencias legales, incluso procedimientos relacionados con la pérdida de la patria potestad.
Hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar estas situaciones y permitir que las autoridades intervengan a fin de garantizar que niñas, niños y adolescentes ejerzan plenamente sus derechos.
