Una empresa en Campeche se encuentra en la mira de autoridades laborales ante la presunción de que emplea a menores de edad, situación que podría configurar el delito de trabajo infantil, sancionado por la Ley Federal del Trabajo y otras disposiciones legales vigentes.
La Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el Estado reveló que ya realiza una investigación preliminar sobre un establecimiento donde estarían laborando menores de 18 años, por lo que en breve realizará un operativo conjunto con diversas dependencias para verificar las condiciones y determinar responsabilidades.
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La titular de la STPS, Anabel Báez Vázquez, explicó que la inspección contará con la participación de la Fiscalía General del Estado (Fgecam), la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhecam), el Sistema DIF Estatal, la Secretaría de Salud (SSA), la Secretaría de Bienestar (Sebien), el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Si bien aclaró que no existe denuncia formal, reconoció que el trabajo infantil es una realidad documentada en Campeche. Recordó que, de acuerdo con cifras del INEGI, la entidad ocupaba en 2022 el lugar 19 nacional en incidencia de esta problemática.
Báez Vázquez señaló que el operativo no se limitará a la clausura del negocio, ya que la información apunta a que varios menores serían el principal sostén económico de sus familias, además de que algunos no asisten a la escuela ni cuentan con habilidades básicas de lectura y escritura.
Indicó que también existen indicios de contextos familiares complejos, entre ellos adicciones de los padres o ausencia de tutores, por lo que se requiere una estrategia integral que atienda no sólo la situación laboral, sino también las condiciones sociales y educativas de las infancias involucradas.
La subsecretaria advirtió que, de confirmarse la contratación de menores en condiciones prohibidas, las consecuencias podrían incluir el cierre de la empresa y la presentación de denuncias ante la Fiscalía, ya que el trabajo infantil constituye una conducta sancionada penalmente.
“El objetivo no es únicamente cerrar un centro laboral, sino garantizar que estos niños regresen a la escuela, tengan acceso a una alimentación adecuada y reciban la protección que les corresponde”, subrayó.
Las autoridades prevén definir en los próximos días el mecanismo de intervención, el cual se desarrollará con discreción para salvaguardar la integridad de los menores involucrados.
