Las niñas, niños y adolescentes campechanos en situación de orfandad a causa del delito de feminicidio deberán ser protegidos por el Estado, esto luego de que el Congreso Local declarara válidas las reformas constitucionales y legales impulsadas en materia de derechos sociales, tras comprobar que los 13 ayuntamientos de Campeche respaldaron las modificaciones durante el cómputo de votos municipales, a pesar de que únicamente Candelaria y Escárcega se pronunciaron a favor mediante escrito enviado al Poder Legislativo.
La declaratoria fue realizada durante la décima octava sesión ordinaria de la LXV Legislatura, en la que el Pleno efectuó el cómputo de votos emitidos por los Ayuntamientos respecto al decreto que adiciona un párrafo décimo al artículo 6 de la Constitución Política del Estado, incorpora un párrafo sexto al artículo 2 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y reforma la fracción II del artículo 15 de la Ley de Desarrollo Social del Estado.
De los 13 municipios, 11 omitieron pronunciarse, por lo que su votación fue tomada “a favor”.
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La propuesta presentada por el diputado Jorge Salim Abraham Quijano busca fortalecer el marco jurídico de protección a la infancia y adolescencia campechana, incorporando disposiciones que refuerzan la obligación del Estado de garantizar atención y protección prioritaria para las niñas, niños y adolescentes que enfrenten esta situación.
Durante la misma sesión, las y los diputados aprobaron un dictamen de la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia relativo a una iniciativa para reformar, adicionar y derogar disposiciones del Código Civil del Estado en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad y su capacidad jurídica como sujetos de derechos.
La reforma se armoniza con los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Entre los principales cambios destaca la eliminación del régimen de interdicción, figura jurídica que restringía la capacidad de decisión de las personas con discapacidad.
En su lugar, el dictamen establece un sistema de apoyos para la toma de decisiones, reconociendo que todas las personas mayores de edad poseen capacidad jurídica plena y que, en caso de requerir asistencia, ésta deberá respetar su voluntad, preferencias y autonomía. Asimismo, incorpora mecanismos destinados a garantizar la igualdad de derechos, inclusión social y acceso efectivo a la justicia.
Finalmente, el Pleno tomó protesta a los nueve integrantes de la Comisión de Selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
