Integrantes de la comunidad menonita “La Nueva Trinidad”, del municipio de Hopelchén, advirtieron que llevarán ante instancias federales la disputa legal por 500 hectáreas de los predios El Progreso y parte de El Porvenir, luego de que la jueza estatal Claudia Gabriela Cervantes Luna rechazó reiniciar el proceso judicial, pese a las presuntas irregularidades que, aseguraron, han viciado el juicio desde su origen.
Al término de una audiencia celebrada en la Sala de Juicios Orales, el presidente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, Eraclio Rodríguez Gómez, denunció que durante el procedimiento se han cometido violaciones al debido proceso, a los derechos humanos y a las garantías individuales del imputado Johan Neufeld Wall, habitante de Nueva Trinidad.
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Explicó que, aunque Johan habla español, no comprende el lenguaje técnico-jurídico utilizado en las audiencias, por lo que el Estado estaba obligado a garantizarle un intérprete capacitado. No obstante, afirmó que la persona designada ni siquiera concluyó la educación primaria, por lo que carecía de los conocimientos necesarios para desempeñar esa función.
Añadió que solicitaron a la jueza reiniciar el juicio o declarar improcedente el proceso por esas irregularidades, pero la petición fue rechazada. Además, acusó que la Policía Estatal ejecutó el despojo anticipado de las tierras en litigio, entregando la posesión al demandante cuando aún no existe una sentencia definitiva, lo que, sostuvo, vulnera la presunción de inocencia de los afectados.
Rodríguez Gómez también señaló un presunto conflicto de interés, al asegurar que la anterior titular del expediente, Maribel Huitz, mantiene vínculos familiares con el denunciante José Antonio Huitz Villareal, representado por Luis Eduardo Huitz Villareal, así como con el exvicefiscal Jorge Huitz, lo que, afirmó, compromete la imparcialidad del proceso.
Asimismo, indicó que ya promovieron un amparo ante un juzgado federal y que buscarán que el caso salga del ámbito estatal, al considerar que existe un interés para perjudicar a los integrantes de la comunidad menonita.
El dirigente anunció además que los afectados, con el respaldo del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, interpondrán una demanda por daños y perjuicios contra el Estado de Campeche, incluyendo a la jueza, al Ministerio Público y a la Policía Estatal por el despojo de las tierras.
De acuerdo con los inconformes, el conflicto mantiene afectadas a 50 familias menonitas que no han podido iniciar la siembra en el ciclo agrícola. Sostienen que los terrenos fueron adquiridos legalmente en 2012, protocolizados en 2013 e inscritos en el Registro Público de la Propiedad (RPPyC), por lo que insisten en que el proceso judicial debe reiniciarse para garantizar un juicio imparcial y el respeto a sus derechos.
