Los Centros de Atención para personas con problemas de adicción, conocidos coloquialmente como "anexos", están condenados a desaparecer y, con ello, a enviar nuevamente a decenas o incluso cientos de jóvenes a las calles para continuar consumiendo drogas, además de agravar la problemática de las adicciones en Campeche, advirtieron desde la Comisión de Salud del Congreso del Estado ante las nuevas disposiciones de la Secretaría de Salud (Ssa) a nivel nacional.
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El nuevo modelo contempla la desaparición del esquema de Centros de Ayuda Mutua, obligándolos a migrar hacia modalidades más especializadas y con mayores exigencias administrativas y operativas. Entre ellas destaca la obligación de contar con un médico las 24 horas del día, condición que los llamados "padrinos" consideran financieramente imposible de sostener.
La secretaria de la Comisión de Salud, Tania Domínguez Fernández, exigió a la Ssa buscar alternativas que permitan la permanencia de estos centros de rehabilitación, al recordar que durante décadas han atendido una problemática que corresponde al sector salud.
Reconoció que los "anexos" deben operar bajo condiciones adecuadas y con supervisión, pero sentenció que no es viable imponer requisitos que, sin apoyo gubernamental, terminarán por provocar su cierre. Recordó que la mayoría de estos espacios subsisten con donativos y las aportaciones de las propias familias de los internos, por lo que contratar personal médico de manera permanente rebasa por completo sus posibilidades económicas.
Domínguez Fernández criticó que, mientras aumentan los casos de adicciones y los problemas de salud mental, en lugar de fortalecer a quienes brindan atención, la autoridad sanitaria esté imponiendo medidas que podrían provocar la desaparición de estos centros.
"Prácticamente están haciendo el trabajo que le corresponde a la Secretaría de Salud", sostuvo.
Ante este panorama, consideró viable establecer convenios con instituciones educativas para que estudiantes de Medicina, Psicología y otras áreas de la salud realicen su servicio social y prácticas profesionales en los centros de rehabilitación, permitiendo cumplir parte de los nuevos requisitos sin comprometer su viabilidad financiera.
La diputada advirtió que el eventual cierre de los "anexos" tendría consecuencias sociales de gran impacto, pues muchas personas interrumpirían sus tratamientos o perderían la única alternativa de rehabilitación disponible, incrementando el riesgo de recaídas, consumo de sustancias, problemas de salud mental e incluso de inseguridad.
Insistió en que la atención a las adicciones y a la salud mental debe convertirse en una prioridad de política pública, acompañada de campañas permanentes de prevención y de un respaldo institucional a los centros de rehabilitación, en lugar de imponerles obligaciones que, lejos de fortalecerlos, terminarían por llevarlos a desaparecer.
JGH
