La violencia, los problemas familiares o personales no resueltos, la presencia de trastornos de salud mental, el uso excesivo de redes sociales y la falta de políticas públicas eficaces dirigidas al sector juvenil están generando condiciones de vulnerabilidad que estarían empujando a cada vez más adolescentes de Campeche a involucrarse en hechos delictivos.
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Las cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, Federal revelan que durante el primer semestre de 2026 aumentó el número de adolescentes sujetos a medidas cautelares o de sanción, con internamiento o externamiento, por la comisión de delitos del fuero común o federal.
El registro pasó de 25 casos en enero a 36 en junio, lo que representa 11 adolescentes más en apenas seis meses.
Aunque las cifras absolutas del Estado pueden parecer menores frente a las de otras Entidades, el crecimiento resulta preocupante porque evidencia una dinámica de vulnerabilidad entre la población, advirtió el presidente del Colegio de Psicólogos de Campeche A.C., Luis Miguel López Cuevas.
Explicó que entre los factores que pueden incidir se encuentran la falta de regulación emocional, la baja tolerancia a la frustración, el mayor tiempo que los jóvenes permanecen en redes sociales, así como traumas familiares o personales no resueltos, ansiedad, depresión y violencia dentro del hogar.
López Cuevas señaló que cuando los conflictos familiares alcanzan niveles severos pueden provocar la fragmentación de las familias, mientras que la falta de comunicación y convivencia se ha agudizado por el uso constante de teléfonos celulares. “Todos tienen el celular en la mano”, resumió al describir una dinámica que ha modificado la convivencia entre padres e hijos.
Consideró necesario revisar si las políticas actuales en materia de salud y educación están funcionando de manera adecuada, pues las instituciones no pueden asumir por sí solas toda la responsabilidad de prevenir conductas antisociales.
Planteó fortalecer la crianza positiva mediante talleres en las escuelas, involucrar a madres y padres de familia y establecer límites claros, acompañados de afecto y comunicación con los adolescentes.
También alertó sobre la carencia de especialistas capaces de atender los factores emocionales tanto dentro como fuera de las instituciones educativas.
El incremento de adolescentes procesados, sostuvo, debe ser una señal de alerta para autoridades y familias, pues detrás de cada caso existen condiciones sociales y emocionales que requieren atención antes de que la vulnerabilidad termine convirtiéndose en delito.
JGH
