La discriminación hacia la población LGBTTTIQ+ no ha desaparecido en Campeche. Aunque existe mayor apertura institucional para atender a las diversidades sexuales, las barreras persisten en sectores donde deberían garantizarse derechos básicos: unidades de salud, planteles educativos y dependencias encargadas de la procuración e impartición de justicia, donde las personas de esta comunidad continúan encontrando obstáculos para recibir atención, acceder a servicios o hacer valer sus derechos.
Carlos Rodrigo Nick Castillo, director de Diversidad Sexual de la Secretaría de Inclusión (SEIN), señaló que, a través del trabajo con organizaciones civiles y grupos de pares, han identificado que la discriminación no siempre ocurre mediante actos directos, sino también por omisiones, falta de información y trabas institucionales que terminan limitando el acceso a servicios.
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Explicó que la Dirección de Diversidad Sexual brinda, en promedio, entre tres y cinco acompañamientos cada semana a personas que enfrentan este tipo de situaciones, lo que equivale a entre 12 y 20 atenciones al mes, y entre 156 y 260 al año, si se mantiene ese ritmo. Entre los casos se encuentran dificultades relacionadas con el acceso a antirretrovirales, tratamientos como la PrEP y la PEP, así como servicios vinculados con la afirmación de género, entre ellos la modificación de documentos y el acceso a terapias hormonales para personas trans.
El funcionario precisó que las distintas identidades enfrentan formas diferentes de discriminación. No obstante, son las mujeres trans quienes afrontan mayores desafíos, debido a que su identidad de género suele ser más visible socialmente. Recordó que, de acuerdo con las mediciones nacionales disponibles, las personas trans se encuentran entre quienes reportan mayores experiencias de discriminación, mientras que, a nivel nacional, también se han documentado agresiones graves contra mujeres trans.
Ante cada caso, la SEIN realiza labores de acompañamiento y vinculación con las instituciones correspondientes, de acuerdo con la naturaleza del problema. Cuando existe competencia, los casos pueden canalizarse ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhecam), el Ministerio Público o las áreas jurídicas del Gobierno del Estado.
Nick Castillo reconoció que las instituciones todavía se encuentran estableciendo canales de atención especializados para garantizar los derechos de las personas de la diversidad sexual, por lo que el reto no solo consiste en combatir expresiones abiertas de discriminación, sino en eliminar las barreras que, desde hospitales, escuelas y fiscalías, pueden convertir un derecho reconocido en un trámite lleno de obstáculos
