El alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, inventó un cargo inexistente en el organigrama municipal para mantener en nómina a Rosario Carlota Grajeda Jiménez, una de sus colaboradoras más cercanas. De acuerdo con información de Transparencia, la servidora pública figura con la categoría de Coordinador A y cobra como 'Coordinadora de Festejos', aunque dicha función desapareció desde 2022, cuando la administración municipal del morenista creó la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico, instancia que absorbió esas atribuciones.
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Para conservar su nivel, pero también su 'jugoso' salario, Gutiérrez Lazarus le asignó el cargo de 'Supervisora Cultural' dentro de la Dirección de Cultura, puesto que no existe en el organigrama oficial y carece de sustento normativo. En esa misma dependencia, el edil colocó a Ylda Elena López Aboites, su exfotógrafa personal, como titular, pese a que solo cuenta con formación técnica o comercial en fotografía.
Fuentes internas señalan que Rosario Carlota Grajeda Jiménez, quien es licenciada en Educación Física y Deportes, percibe más de 30 mil pesos mensuales, apenas por debajo del salario de la directora de Cultura. No obstante, desde 2022 no se ha actualizado su salario en la plataforma de transparencia, lo mismo que el del munícipe, violentando la Ley de Transparencia del Estado, que lo establece como una obligación de todos los entes y funcionarios públicos.
Según su declaración patrimonial del 14 de mayo de 2025, la funcionaria ya había trabajado en el primer gobierno de Gutiérrez Lazarus (2015–2018), cuando cobraba como Auxiliar Administrativo A y fungía como secretaria en el Instituto del Deporte y la Juventud de Carmen (Indejucar).
El caso exhibe, según extrabajadores del área cultural, un patrón de favoritismo y uso discrecional del presupuesto, en el que los cargos se asignan no por mérito ni perfil profesional, sino por cercanía política y personal con el alcalde. Por tal razón, piden la intervención de la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam), para revisar la legalidad del nombramiento, la justificación presupuestal del puesto y las posibles responsabilidades administrativas derivadas.
La opacidad con la que se maneja el presupuesto en el ámbito cultural – denuncian – refleja una gestión marcada por el amiguismo, el desorden y la simulación administrativa. En un gobierno que presume transparencia, el caso de la 'Supervisora Cultural' podría convertirse en símbolo del clientelismo y el uso político de los recursos públicos en el municipio de Carmen.
