Una manifestación más en las puertas de la Casa de Justicia, evidenció el descontento ciudadano por los presuntos actos de corrupción en los que estaría incurriendo el personal del Poder Judicial en Ciudad del Carmen. José Bonilla López, de 61 años, un hombre con discapacidad auditiva ocasionada por barotrauma, acusó a los licenciados José Edgar Palma Moreno y Jorge Luis Cruz López de querer quedarse con su propiedad, usando un documento apócrifo y la Notaría Pública Número 12 de Ciudad del Carmen, a cargo del licenciado Jaime Boeta Tous, señalada en múltiples ocasiones por manipulación de documentos a favor del que paga más.
Aunque esta no es la primera vez que se manifiesta en Casa de Justicia por el mismo caso, el afectado dijo que lo hizo para que las autoridades judiciales se den cuenta de cómo quieren manipular su expediente para adueñarse de algo que no les pertenece. Aunque directamente los abogados no serán los beneficiarios, Bonilla cree que presuntamente la contraparte les está pagando para que modifiquen documentos.
Detalló que en el Juzgado Primero Civil, la jueza dictó fallo a su favor para que pudiera tomar posesión de su propiedad en la avenida 10 de Julio, entre 38 y 40 de la colonia Limonar, donde tiene dos departamentos. Sin embargo, hasta el momento no ha podido ingresar, ya que los abogados le dieron posesión a la señora María del Carmen Pérez Centurión, haciéndole creer que el departamento le pertenece. Además, promovieron otro juicio en el Juzgado Segundo Civil, a cargo del licenciado Joaquín Isabel Pérez Pérez, para despojarlo legalmente.
Según evidencias, Bonilla descubrió que los abogados crearon un contrato ficticio de arrendamiento para Pérez Centurión, supuestamente firmado por Luis Gerardo Spinoso Franco, con quien hace más de 16 años tuvo un conflicto por un préstamo de 80 mil pesos. Aunque pagó la deuda con réditos, parece que usaron esa información para que en la Notaría Pública Número 12, extrajeran documentos personales y certificaran escrituras falsas.
“Los señores antes mencionados hicieron un contrato de compraventa de un predio con escritura pública 1170, en donde presuntamente yo como propietario del predio y el señor Luis Gerardo Spinoso Franco realizamos. Quiero aclarar que este contrato no se concretó hace 16 años, ya que le tuve que regresar el dinero que me otorgó, pero al parecer ese papel fue mal usado por los licenciados para realizar una escritura falsa y despojarme de mi patrimonio”, aseguró.
Agregó que en la Casa de Justicia siempre ha existido imparcialidad a favor de ciertos intereses, pues aunque no todos los jueces son corruptos, algunos actúan con dolo. En su caso, ha invertido miles de pesos en su defensa y solo exige transparencia, por lo que ha decidido manifestarse públicamente.
“Esas personas quieren vender un predio del cual soy propietario desde hace más de 25 años. Los licenciados y el Notario Público Número 12 hicieron de todo para otorgar un documento que yo nunca solicité como vendedor. Por lo tanto, ese documento lo extrajeron de manera dolosa, en blanco, con fecha del 11 de diciembre de hace más de 16 años”, mencionó.
Además, se promovió un contrato ficticio de arrendamiento, presuntamente firmado por Spinoso Franco, con el cual se solicitó a la CFE un contrato de servicio. Sin embargo, Bonilla acreditó ser el propietario del predio, por lo que la CFE desmanteló la instalación eléctrica.
Bonilla López afirmó tener conocimiento de que la Notaría Pública Número 12 suele sustraer documentos de personas y de algunos fallecidos, los cuales son utilizados por ciertos abogados para lucrar con propiedades ajenas. Por ello, pidió una investigación formal, así como la intervención de la Presidenta de México, la Gobernadora de Campeche y los Magistrados de Campeche, para garantizar una impartición de justicia imparcial.
Advirtió que, de no recibir apoyo de las autoridades, tomará posesión de su predio por sus propios medios, al amparo de la sentencia judicial que ya le reconoce la propiedad. Este caso pone nuevamente bajo escrutinio la actuación de notarías públicas y juzgados civiles en Campeche, así como la presunta facilidad con la que algunos litigantes manipulan documentos para vulnerar derechos patrimoniales.
JGH
