Tras haber denunciado la falta de voluntad para que pagaran su liquidación, Elio García Rodríguez logró cobrar lo que por ley le correspondía por parte de la Junta Municipal de Atasta, informó Miguel Ramón Córdova, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Base del Ayuntamiento, Juntas y Comisarías del municipio de Carmen (SUTBAJC), al mencionar que lo sucedido es una preocupante tendencia en el estado, donde por política usan los despidos para reacomodar plazas con fines partidistas y hasta personales.
Luego de ocho meses de espera, el extrabajador logró finalmente un acuerdo económico tras su despido, gracias a la mediación del SUTBAJC. El afectado aceptó un pago único de 28 mil pesos tras una reunión con el presidente Romeo Reyes Hernández y Giovani Flores, quienes en un principio ofrecían una liquidación menor a 17 mil pesos, algo que no fue aceptado por García Rodríguez, lo que los funcionarios tomaron como un capricho para atrasarle el pago de sus derechos laborales.
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Córdova detalló que el conflicto inicial se agravó cuando Elio acudió a la Junta sin que ninguna autoridad estuviera disponible para atenderlo, lo que provocó tensiones que retrasaron el proceso. No obstante, celebró que se haya llegado a una resolución voluntaria y que se respetara la voz del trabajador. Más allá del caso puntual, el dirigente sindical denunció una práctica extendida en el estado.
“Esto no solo pasa en Atasta, pasa en todos los municipios donde las administraciones buscan correr al personal para quedarse con las plazas y meter a sus recomendados, muchas veces por compromisos políticos”, acusó.
Referente a la versión de Elio, de que así como él había otros dos casos, el líder sindical comentó que era un caso más, el de una ex trabajadora, el cual recientemente logró ser finiquitado. Desafortunadamente, en la versión de Ramón Córdova, esta práctica de retrasar pagos o “hacérselas cansada” a los ex empleados por no coincidir con sus filiaciones políticas, es muy común.
En el caso de las otras dos Juntas Municipales, refirió que en Mamantel no tienen problemas, y en Sabancuy, ahí aún persiste el problema con el despido de un grupo de colaboradores. De los nueve, solamente tres han logrado obtener que otorguen la plaza a sus hijos, así como el pago de las prestaciones correspondientes. Sin embargo, aún hay en espera otras seis, por lo que mantienen seguimiento con el delegado para su pronta resolución.
Según el secretario general, no solo en la zona rural enfrentan complicaciones laborales, con despidos o asignaciones de plazas a sindicalizados, y es que en el Ayuntamiento con sede en Ciudad del Carmen, hay alrededor de 10 a 15 plazas pendientes de ocupar, espacios que pertenecían a trabajadores con 20 o 30 años de servicio. Sin embargo, se ha preferido contratar personal eventual, lo cual —afirma— es una estrategia para evadir prestaciones, evitar derechos laborales y obstaculizar la inserción de hijos o familiares de trabajadores sindicalizados.
