Ante el riesgo latente de colapso de torres eléctricas ubicadas a lo largo de la carretera Carmen-Isla Aguada–Sabancuy, el abogado carmelita Cristian Romero Ramírez promovió un juicio de amparo contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), solicitando medidas urgentes para garantizar el mantenimiento de la infraestructura eléctrica y evitar una tragedia que afecte a miles de personas. El recurso legal, presentado ante el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Ciudad del Carmen y radicado bajo el expediente 407/2025, obtuvo el pasado 11 de junio una suspensión provisional a favor del promovente y de la comunidad, al considerar que existe interés social y riesgo inminente para la ciudadanía.
El abogado recordó que ya existe un antecedente grave ocurrido en 2018, cuando una torre de alta tensión colapsó en la zona, generando apagón masivo, afectaciones económicas, fallas en servicios médicos y poniendo en riesgo la seguridad pública, por lo que las más recientes fotografías publicadas en redes sociales y medios de comunicación sobre el estado de una torre ubicada en el kilómetro 55 de la carretera Isla Aguada – Sabancuy, lo orilló a buscar una estrategia legal.
“Cuando cae una torre, no solo se va la luz, también se paralizan hospitales, comercios, escuelas. Sin electricidad no hay vida operativa en la ciudad, las pérdidas económicas son incuantificables, independientemente de que hay otras condiciones como la vida misma que está en riesgo”, señaló el litigante, quien insistió en que la falta de mantenimiento preventivo es una omisión grave por parte de la CFE.
Aseguró que esta acción legal tiene un propósito estrictamente social y preventivo, buscando que la paraestatal asuma su responsabilidad como encargada del sistema nacional de distribución eléctrica, y actúe antes de que las lluvias y vientos de la temporada provoquen un colapso.
El abogado explicó que recurrió al juicio de amparo como herramienta estratégica de litigio, ya que permite la intervención del Poder Judicial de la Federación para proteger los derechos humanos y sociales ante omisiones gubernamentales. “El amparo sigue siendo el método más eficaz para proteger a la ciudadanía. Lo estamos usando no por interés personal, sino porque creemos que es la única forma de evitar que la historia se repita”, expresó.
El juicio fue admitido por el Juzgado Tercero de Distrito, que otorgó la suspensión provisional obligando a la CFE a garantizar la continuidad y calidad del servicio eléctrico y a iniciar acciones inmediatas para inspeccionar y reparar las torres vulnerables, durante todo el proceso legal, hasta que exista una sentencia definitiva. También se notificó a la Secretaría de Energía, por ser autoridad corresponsable en el sistema de distribución eléctrica.
La jueza dio un plazo de tres días a la CFE para informar sobre las acciones que están tomando para cumplir con la suspensión. Asimismo, se programará en fechas próximas la audiencia incidental, en la cual se decidirá si se concede la suspensión definitiva.
“Estamos en un momento crítico porque ya inició la temporada de lluvias y vientos fuertes. No podemos esperar a que pase lo mismo que en 2018. El riesgo es técnico, social, ambiental y humano”, enfatizó Romero Ramírez.
El abogado también alertó que el colapso de una torre no solo causaría apagones, sino que podría afectar la carretera federal y provocar un accidente mortal, o incluso dañar el ecosistema si la estructura cae en el mar.
Finalmente, Ramírez hizo un llamado a la población para que denuncien cualquier riesgo visible en infraestructura pública, y se unan a este tipo de esfuerzos legales que buscan mejorar las condiciones de vida en el municipio.
“Invito a la ciudadanía a no quedarse callada. Si ven una torre inclinada, un cable caído o un poste dañado, háganlo público. Las acciones legales sirven, pero también necesitamos unión ciudadana. Si no defendemos nuestro municipio, nadie más lo hará”.
El juicio de amparo podría durar aproximadamente seis meses, aunque el abogado confía en que la jueza resolverá antes, dada la gravedad del tema y el precedente de actuaciones oportunas en casos similares. Concluyó asegurando que la única finalidad de esta acción es proteger a la comunidad carmelita, a Isla Aguada y Sabancuy, cuyas poblaciones también dependen del suministro eléctrico que atraviesa esta franja de torres en riesgo.
