La caída de la matrícula y la falta de democratización en la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar) forman parte de los reclamos contra la administración de Sandra Martha Laffon Leal, quien fue ratificada para un nuevo periodo al frente de la institución, ello a raíz de la ausencia de límites a las reelecciones y a un sistema de gobierno en el que un grupo reducido de funcionarios concentra la decisión sobre quién ocupa la Rectoría.
Entre 2021 y 2026, la matrícula de la universidad registró una disminución, pues pasó de 9 mil 534 estudiantes en el ciclo escolar 2021-2022 a 9 mil 436 en 2026-2027, aunque la diferencia parece menor, representa la pérdida de 98 alumnos y refleja el estancamiento de su población estudiantil, sin que hasta ahora se observe un crecimiento respecto a los registros de hace un lustro.
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Juan Pablo Cetina Monterrey, exsecretario general de la Unacar, reclamó los resultados de la administración y la falta de cambios en las reglas internas para renovar a las autoridades universitarias, también dejó en claro su inconformidad con el proceso de ratificación de Laffon Leal, cuyo primer periodo concluía el 21 de noviembre de 2026, pero cuya continuidad se resolvió antes de esa fecha.
Recordó que en octubre de 2024 se realizó una consulta universitaria relacionada con la posibilidad de limitar las reelecciones. Señaló que la propuesta no contempló eliminar por completo la continuidad en los cargos, sino establecer un máximo de dos periodos. El planteamiento no prosperó y la Ley Orgánica mantuvo un esquema sin límites expresos para la reelección de la Rectoría.
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Sostuvo que esta estructura favorece la permanencia de quienes ya ocupan posiciones de poder, debido a que los directores participan en la elección del rector y, a su vez, la Rectoría interviene en los procesos de designación de directores mediante ternas. A su juicio, este mecanismo reduce las posibilidades de una competencia efectiva y mantiene las decisiones en manos de un círculo limitado de autoridades.
El exsecretario general también cuestionó la permanencia prolongada de algunos directores. Como ejemplo, mencionó a una funcionaria que lleva nueve años al frente de una unidad académica en Sabancuy y recordó casos anteriores de directivos que permanecieron hasta 14 años en sus cargos. Por ello, propuso establecer periodos definidos y límites de reelección tanto para la Rectoría como para las direcciones de facultades y preparatorias.
La falta de democratización constituye otro de los señalamientos centrales. Actualmente, la elección de la persona titular de la Rectoría recae en integrantes del Consejo Universitario, entre ellos directores, autoridades administrativas y representantes de estudiantes, profesores y trabajadores.
Cetina Monterrey planteó sustituir este esquema por una elección mediante voto universal, con participación directa de los distintos sectores de la comunidad universitaria.
La ratificación anticipada de Laffon Leal vuelve a poner sobre la mesa estas críticas, mientras persisten los cuestionamientos sobre la evolución de la matrícula y la ampliación de la oferta educativa. Para Cetina Monterrey, la reforma de las reglas de gobierno universitario es necesaria para impedir que la continuidad de las autoridades dependa de un sistema cerrado y para ampliar la participación de estudiantes, docentes y trabajadores en las decisiones de la institución.
