Un juez anticorrupción de Bolivia ordenó la detención preventiva por cinco meses del expresidente Luis Arce, como parte de una investigación penal relacionada con presuntos malos manejos de recursos públicos destinados a proyectos indígenas, durante el periodo en el que se desempeñó como ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de Evo Morales, entre 2006 y 2019.
La resolución judicial fue emitida por el juez Mario Helmer Laura, quien determinó que Arce deberá enfrentar el proceso penal bajo una medida extrema de privación de la libertad, la cual se cumplirá en el penal de San Pedro, ubicado en el centro de la ciudad de La Paz.
Audiencia cautelar y fundamentos de la decisión
La decisión fue adoptada tras una audiencia cautelar virtual que se prolongó por más de seis horas, en la que el juez valoró los argumentos de la defensa y de la parte acusadora.
De acuerdo con la resolución, el exmandatario no logró desvirtuar plenamente el riesgo de obstaculización del proceso, uno de los elementos clave para justificar la imposición de la detención preventiva.
Aunque la defensa presentó garantías laborales y acreditó que Arce cuenta con residencia estable en la ciudad de La Paz, el juez consideró que dichos elementos no eran suficientes para descartar la posibilidad de interferencia en la investigación.
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Condiciones de reclusión y posibles salidas judiciales
El juez anticorrupción precisó que Luis Arce deberá permanecer recluido en el penal de San Pedro por un periodo inicial de cinco meses, mientras avanza la investigación.
No obstante, estableció que el exjefe de Estado podrá solicitar una salida judicial por motivos médicos en cualquier momento, en caso de que su estado de salud así lo amerite.
Asimismo, instruyó a la Dirección General de Régimen Penitenciario a garantizar la seguridad física del exmandatario, disponiendo que sea ubicado en un espacio distinto al de la población sentenciada, dadas sus condiciones y su perfil político.
Investigación por presunto manejo irregular de recursos
La causa penal se enmarca en una investigación por presuntas irregularidades en la administración de un fondo destinado a proyectos indígenas, creado para financiar iniciativas productivas y de desarrollo comunitario.
Las autoridades judiciales analizan posibles actos de corrupción y uso indebido de recursos públicos durante la gestión de Arce como titular de la cartera económica.
El caso ha generado repercusiones políticas y jurídicas en Bolivia, al tratarse de un expresidente y exfuncionario clave del proyecto político liderado por Evo Morales. Hasta el momento, la defensa de Arce no ha emitido un posicionamiento público tras la determinación judicial.
La detención preventiva marca una nueva etapa en el proceso judicial, en un contexto de alta polarización política y de creciente escrutinio sobre el manejo de fondos públicos en administraciones pasadas.
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