El Tribunal Supremo de Estados Unidos puso fin, por unanimidad, a la primera gran ofensiva legal del Gobierno mexicano contra la industria armamentista norteamericana.
En una decisión redactada por la jueza progresista Elena Kagan, los nueve magistrados concluyeron que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, 2005) otorga inmunidad casi absoluta a fabricantes y distribuidores por los delitos cometidos con sus productos, descartando así la demanda de 10 mil millones de dólares presentada por México en 2021.
Claves del fallo
- Cobertura total de la PLCAA: la Corte determinó que la excepción invocada por México —“violación a sabiendas” de las leyes de armas— no se sostiene porque los documentos y testimonios presentados “no muestran conducta deliberada” de compañías como Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock para facilitar el contrabando.
- Responsabilidad del usuario final: el alto tribunal reiteró que la responsabilidad recae en quien dispara o trafica el arma, no en quien la fabrica, salvo que se pruebe venta directa a criminales, lo cual “no quedó evidenciado”.
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Reacción de México
En la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que revisará la resolución junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Consejería Jurídica:
“Son dos juicios; evaluaremos opciones y les informaremos en su momento.”
El segundo litigio, radicado en la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston, impugna a vendedores mayoristas de Arizona y Texas.
La Cancillería no descarta acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos alegando que la proliferación de armas estadounidenses viola el derecho a la vida de los mexicanos.
Contexto bilateral envenenado
Mientras Washington acusa a México de no frenar el flujo de fentanilo, México replica que los cárteles se fortalecen con rifles y fusiles estadounidenses.
Por otra parte, la designación de cárteles como grupos terroristas endurece los controles, pero la estadística de incautaciones indica que más del 70 por ciento del armamento asegurado en escenas del crimen mexicano proviene de Estados Unidos.
¿Qué sigue?
- Ámbito legislativo: senadores demócratas impulsan enmiendas para limitar la inmunidad de la PLCAA; el bloque republicano promete bloquear cualquier cambio.
- Cooperación técnica: la Administración Biden ofreció ampliar el programa eTrace para rastrear armas de fuego y capacitar al Ejército mexicano en marcaje balístico.
- Litigios estatales: fiscales de California y Nueva York exploran demandas similares apoyadas en leyes locales de “interferencia pública”. El veredicto del Supremo complica su estrategia, pero no la frena del todo.
Por ahora, México se queda sin la compensación multimillonaria y sin un precedente para responsabilizar a la industria armamentista, mientras la frontera norte sigue siendo la arteria por la que circulan los rifles que alimentan la violencia del narcotráfico.
IO
