Más de una decena de organizaciones defensoras de derechos humanos de Ecuador exigieron el cese de las operaciones que fuerzas estadounidenses han realizado en aguas del Pacífico contra embarcaciones ecuatorianas señaladas por supuestos vínculos con el narcotráfico y con el grupo criminal Los Choneros.
En un comunicado conjunto, los colectivos expresaron su “profunda preocupación” por una serie de acciones registradas desde finales de agosto y denunciaron posibles violaciones a derechos humanos, entre ellas privaciones ilegales de la libertad, desapariciones temporales, presuntos actos de tortura y destrucción de embarcaciones pesqueras.
Las organizaciones sostienen que los hechos ya no pueden ser considerados episodios aislados y pidieron investigaciones independientes sobre las operaciones.
¿Cuántos ataques denuncian las organizaciones ecuatorianas?
Los grupos defensores contabilizan ocho ataques contra embarcaciones ecuatorianas desde enero, aunque señalaron que Estados Unidos y Ecuador únicamente han reconocido cinco operaciones efectuadas entre finales de agosto y este lunes.
También denunciaron que uno de los episodios dejó ocho personas desaparecidas.
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Según el comunicado, varias de las intervenciones ocurrieron en rutas marítimas utilizadas habitualmente por pescadores, incluso en aguas internacionales ubicadas entre la zona económica exclusiva continental de Ecuador y la de Galápagos.
Pescadores fueron liberados por falta de pruebas
Las organizaciones también hicieron referencia a 28 pescadores que fueron liberados después de haber sido detenidos durante dos operaciones estadounidenses.
De acuerdo con la información difundida, la Fiscalía ecuatoriana no logró acreditar elementos suficientes para sostener sospechas de la comisión de algún delito.
Los colectivos estiman que al menos 143 pescadores han estado involucrados en este tipo de operativos.
Exigen investigación y medidas de protección
Las organizaciones declararon persona non grata al jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, y solicitaron que las autoridades estadounidenses investiguen su posible participación en violaciones graves a derechos humanos o eventuales crímenes internacionales.
Además, pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitir medidas cautelares colectivas en favor de la comunidad pesquera de Manabí, de donde provienen varios de los afectados.
Los grupos insistieron en que la sospecha de actividades ilícitas no justifica por sí sola el uso de fuerza militar, la detención arbitraria ni la destrucción de medios de subsistencia.
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