Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que los policías municipales asignados al primer círculo de seguridad del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, volverán a rendir declaración ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán.
El funcionario precisó que los agentes ya habían declarado previamente, pero serán citados nuevamente como parte de los peritajes que buscan esclarecer los hechos ocurridos el pasado 1 de noviembre, cuando el edil fue asesinado.
Uno de los escoltas reconoció haber disparado contra el agresor durante el ataque, por lo que las autoridades revisan los resultados balísticos para determinar qué arma causó la muerte tanto del atacante como del propio alcalde.
No hay vínculos con el crimen organizado
García Harfuch aclaró que los escoltas no están detenidos, aunque permanecen localizables y colaborando con las investigaciones.
Al mismo tiempo, descartó que existan nexos entre los policías municipales y grupos del crimen organizado, como se había especulado en redes sociales.
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“Uno de los escoltas declaró desde el inicio que disparó al agresor del presidente municipal. Sin embargo, los peritajes continúan para determinar qué arma fue la que causó ambas muertes”, explicó el secretario, al subrayar que el caso sigue bajo la investigación de la Fiscalía estatal.
Sedena mantiene 70 escoltas para protección de funcionarios
Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo, detalló que actualmente se encuentran 70 escoltas federales desplegados para la protección de funcionarios públicos en distintos estados del país, de un total de 450 elementos operativos dedicados a esta labor.
El general explicó que la asignación de escoltas federales sigue un protocolo que incluye una solicitud formal, un análisis de riesgo realizado por la SSPC y una evaluación del nivel de amenaza, antes de otorgar el servicio de protección.
Trevilla añadió que este esquema se implementó desde el inicio del actual gobierno, en octubre de 2024, y reiteró que hasta el momento no se han recibido solicitudes adicionales de resguardo, aunque el Ejército y la Guardia Nacional permanecen atentos ante cualquier petición de seguridad para servidores públicos.
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