Una juez federal impuso prisión preventiva justificada al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La decisión se tomó tras una audiencia de más de 14 horas en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México.
La jueza María Jazmín Ambriz López determinó que Duarte permanezca recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, mientras avanza el proceso en su contra. La medida cautelar se basa en el riesgo de fuga y en la gravedad de los hechos que se le imputan.
El próximo sábado se celebrará una nueva audiencia para decidir si el exmandatario estatal será vinculado a proceso por los cargos que plantea la Fiscalía General de la República (FGR).
FGR acusa desvío de 73 millones de pesos y uso del sistema financiero
Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal presentó alrededor de 120 datos de prueba que, según la acusación, respaldan la hipótesis de que Duarte habría desviado al menos 73 millones de pesos procedentes de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua.
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De acuerdo con la FGR, el exgobernador habría participado en un esquema de lavado de dinero desde su cargo como servidor público, utilizando el sistema financiero mexicano para ocultar el origen ilícito de los recursos desviados de las arcas estatales. La orden de aprehensión que hoy se ejecuta fue librada por un juez de control federal desde 2024.
Segunda detención y antecedentes del exgobernador de Chihuahua
Esta es la segunda vez que César Duarte es detenido. El exgobernador fue arrestado inicialmente en Miami, Florida, en 2020 y posteriormente extraditado a México en 2022 para enfrentar cargos de peculado y asociación delictuosa.
En esta nueva causa penal, la FGR informó que Duarte fue asegurado nuevamente a las afueras de su domicilio, en cumplimiento de la orden de aprehensión vigente.
Con la prisión preventiva justificada, el exmandatario enfrentará el siguiente tramo de su proceso desde el penal del Altiplano, mientras la justicia federal define si será formalmente vinculado por presunto uso de recursos de procedencia ilícita.
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