En una entrevista radiofónica, la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz defendió públicamente la inocencia de su hermana, Jaqueline Malinali, quien fue sentenciada a 89 años de cárcel por delitos de delincuencia organizada, secuestro y posesión de cartuchos exclusivos de las Fuerzas Armadas. s, señalando que este hecho está acreditado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Condeno cualquier situación en la que se privan de libertad a las víctimas y exijo justicia para quienes cometen delitos. Sin embargo, lo que no se vale es que la autoridad construya montajes y obtenga declaraciones bajo tortura. Esa fue la prueba con la que sentenciaron a mi hermana, y fue obtenida de manera ilícita”, declaró Xóchitl Gálvez, enfatizando que no se acreditó ningún otro delito en el caso de su hermana.
La excandidata resaltó que Malinali, que se encontraba en el penal de Santa Martha Acatitla desde 2012, fue detenida por agentes de la Policía Federal por supuestamente integrar la banda de secuestradores "Los Tolmex".
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Jaqueline Malinali, hermana de Xóchitl Gálvez, es sentenciada a 89 años en prisión
De acuerdo con Gálvez, la detención fue fruto de un montaje orquestado por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, actualmente recluido en Estados Unidos por narcotráfico.
Además, afirmó que existen pruebas de descargo, especialmente testimonios de vecinos que corroboraron que su hermana no se encontraba en el lugar de los hechos el día del secuestro, lo cual, según ella, no fue tomado en cuenta por la juez.
La excandidata también criticó a ciertos medios de comunicación y periodistas que han ridiculizado la situación familiar, subrayando que la condena de Malinali es un caso viciado y que el uso de la tortura para obtener pruebas viola los principios fundamentales de justicia y derechos humanos en México.
“No permitiré que se coMedia Principalnstruyan verdades a medias ni se oculten hechos. La verdad y la justicia deben prevalecer”, concluyó.
Este testimonio de Xóchitl Gálvez se suma a la creciente controversia en torno a las prácticas de detención y procesamiento judicial en casos sensibles, evidenciando la necesidad de revisar y garantizar procedimientos justos que respeten los derechos de las personas.
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