El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, logró frenar temporalmente su detención al recibir una suspensión provisional emitida por el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal.
La medida fue autorizada por el secretario en funciones de juez, quien estableció una garantía económica de 52 mil pesos para su cumplimiento.
De acuerdo con el documento judicial, la suspensión tiene como efecto “que las cosas permanezcan en el estado actual”, lo que impide que se ejecute la orden de aprehensión mientras se resuelve si procede la suspensión definitiva.
Esta acción evita que Aureoles sea privado de la libertad, incluso si el delito que se le imputa admite la aplicación de prisión preventiva justificada.
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El político perredista enfrenta acusaciones graves por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), que lo señala de participar en una red de corrupción que causó un presunto daño patrimonial de tres mil 400 millones de pesos.
Los delitos incluyen peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La acusación gira en torno a la compra a sobreprecio de varios cuarteles de la Guardia Civil en Michoacán, ubicados en los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, durante su gestión entre 2015 y 2021.
Además de Aureoles, cuatro exfuncionarios estatales han sido vinculados a proceso por el mismo caso. Una jueza federal otorgó un plazo de tres meses para continuar la investigación complementaria, lo que podría derivar en nuevas acciones judiciales.
Este revés judicial ocurre en un contexto de creciente escrutinio hacia exgobernadores señalados por actos de corrupción y podría marcar un precedente en los procesos penales por desvío de recursos públicos.
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