El reciente caso del rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Rubén “N”, ha generado una ola de indignación en la comunidad académica y en colectivos feministas.
Tras ser vinculado a proceso por el delito de abuso sexual contra una menor, el rector fue sentenciado a cuatro años de prisión. Sin embargo, al no ser considerado un delito grave, obtuvo su libertad bajo fianza, lo que ha sido ampliamente criticado por diversos sectores de la sociedad.
La audiencia de vinculación a proceso, que se extendió por más de 24 horas, culminó con la reclasificación del delito de violación equiparada agravada a abuso sexual.
Esta decisión permitió que Rubén “N” enfrentara su condena en libertad, lo que ha sido interpretado por colectivos feministas como una muestra más de la impunidad y protección que el sistema judicial otorga a hombres en posiciones de poder.
En respuesta, integrantes del Movimiento Feminista de Zacatecas se manifestaron frente al edificio de Rectoría de la UAZ, exigiendo la destitución inmediata del rector.
Con consignas como “Los pedófilos deben estar presos, no al mando de una universidad” y pintas en la fachada con frases como “Rubén violador” y “La UAZ encubre violadores”, las manifestantes expresaron su rechazo a la resolución judicial y al encubrimiento institucional.
El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, que brindó asesoría jurídica a la familia de la víctima, también emitió un pronunciamiento titulado “Las niñas no se tocan”, en el que señala la falla de las autoridades de Zacatecas en garantizar justicia y seguridad para niñas, niños y adolescentes.
Este caso pone en evidencia las deficiencias del sistema judicial mexicano en la protección de las víctimas de abuso sexual y la necesidad urgente de reformas que aseguren justicia y equidad, especialmente en casos que involucran a menores de edad y a figuras de autoridad.
IO
