Faltando menos de un mes de las elecciones judiciales en México, el Instituto Nacional Electoral (INE) lanzó una advertencia sobre la crítica situación financiera que enfrentan varios Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), especialmente en Zacatecas, Veracruz, San Luis Potosí y Nayarit, donde la falta de recursos compromete la viabilidad del proceso.
De acuerdo con el informe más reciente del INE, los OPLEs de estas entidades se encuentran en “riesgo alto” por no contar con el presupuesto suficiente para llevar a cabo actividades esenciales como la contratación de personal, renta de inmuebles, logística de jornada electoral, y cumplimiento de convenios con el INE.
En Zacatecas, el organismo solicitó 140 millones de pesos pero solo recibió 60. Esto deja un déficit de más de 23 millones solo para cubrir necesidades operativas básicas. Además, adeuda 18 millones al INE por compromisos de coordinación.
San Luis Potosí tampoco escapa a la crisis. Aunque se le aprobó una ampliación presupuestal de 110 millones, al 30 de abril solo había recibido 67 millones, quedando pendiente un monto crítico para la organización y coordinación electoral.
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Nayarit, por su parte, se integró tarde al proceso judicial y no contempló el gasto en su presupuesto inicial. De los 30 millones autorizados por la Secretaría de Finanzas local, ha recibido solo 20. El informe del INE advierte que la entidad “organiza actividades con tiempos reducidos y sin fondos suficientes”.
En Veracruz, donde también se celebran elecciones municipales, el Congreso local aprobó una ampliación de 149 millones de pesos, pero el OPLE mantiene un adeudo de 54 millones con el INE, comprometiendo su operatividad y cumplimiento de responsabilidades institucionales.
Además, el informe identifica a seis estados en riesgo medio: Colima, Yucatán, Quintana Roo, Ciudad de México, Aguascalientes y Baja California, donde el financiamiento también presenta retrasos o insuficiencias parciales.
El INE advierte que, de no resolverse estas brechas presupuestales en las próximas semanas, la legalidad, transparencia y funcionalidad del proceso electoral judicial podría verse comprometida, lo que representaría un golpe severo a la confianza institucional en pleno año electoral.
IO
