La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó de “hipócrita y conservadora” la ola de desinformación que circuló en redes sociales sobre la supuesta revocación masiva de visas estadounidenses a gobernadores y legisladores mexicanos por presuntos nexos con el narcotráfico.
Durante su conferencia matutina, la mandataria celebró que la Embajada de Estados Unidos en México desmintiera la lista viral y recordara que no existía una decisión oficial que sancionara a esos funcionarios.
“Imagínense: para que la propia embajada tenga que salir a negar la mentira… Eso demuestra el nivel de irresponsabilidad”, reprochó la jefa del Ejecutivo.
Sheinbaum aseguró que las “fake news” se amplifican ahora con herramientas de inteligencia artificial, al punto de que algunos portales reproducen —con voz y apariencia falsas— declaraciones que ella nunca emitió.
Señaló directamente al medio Latinus de “editar y distorsionar” sus mensajes para mermar la credibilidad del Gobierno. Enfatizó que la crítica es legítima, pero “la libertad conlleva responsabilidad”.
El contexto de la polémica
A mediados de mayo, distintos sitios y cuentas anónimas divulgaron una lista con más de 40 políticos mexicanos —entre ellos gobernadores de Morena— a quienes supuestamente Washington habría cancelado la visa.
La información se mezcló con casos reales, como la cancelación del documento a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, que aún no tiene explicación pública, alimentando rumores sobre una “ofensiva diplomática” del presidente Donald Trump.
Sin embargo, la embajada estadounidense aclaró que no existía un pronunciamiento oficial y calificó la lista de “totalmente falsa”.
Organizaciones de verificación, como Verificado, también rastrearon la cadena y la identificaron como un montaje que retomaba artículos de opinión y especulaciones sin respaldo documental.
Llamado a la responsabilidad
Sheinbaum exhortó a los medios y a los usuarios de redes a corroborar fuentes antes de compartir contenido.
Recordó que la Ley de Responsabilidad Civil permite a cualquier ciudadano exigir rectificaciones cuando la información difundida sea falsa y cause daño moral.
El Gobierno, dijo, continuará monitoreando campañas de desinformación, pero descartó impulsar restricciones a la libertad de expresión.
La Presidencia evalúa, además, lanzar una plataforma oficial de fact-checking para contrarrestar rumores en tiempo real y capacitar a periodistas sobre ética en el uso de inteligencia artificial, de cara a la sucesión de 2027.
IO
