El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reaccionó públicamente a la detención de 30 personas en Querétaro, entre ellas Diego “N”, alias “El Flaco”, señalado como operador de “Los Salazar”, una facción vinculada al Cártel de Sinaloa.
En un mensaje difundido en redes sociales, el diplomático sostuvo que el caso refleja resultados de una cooperación más estrecha y del intercambio de información entre ambos países.
El pronunciamiento ocurre en un momento en el que la agenda bilateral está marcada por el combate al tráfico de drogas y armas, así como por operativos de alto impacto en distintas entidades.
Lo que dijo Ronald Johnson sobre la operación
En su publicación, Johnson reconoció a las autoridades mexicanas por las detenciones y subrayó que, bajo el liderazgo de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, la coordinación está generando “resultados concretos”.
También remarcó un mensaje político y simbólico: que cada arma asegurada y cada presunto criminal llevado ante la justicia aumenta la seguridad comunitaria y “salva vidas”.
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La versión del Gabinete de Seguridad y lo informado por Harfuch
Previamente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó que la acción fue resultado de una investigación de cuatro meses y de un despliegue que incluyó cateos.
Según lo explicado, además del presunto líder, fueron capturadas otras personas relacionadas con la misma célula, y se aseguraron indicios como armas, presuntas dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos y equipo de comunicación, elementos que suelen integrarse a las carpetas de investigación.
Para las autoridades federales, el detenido estaría ligado a actividades como distribución de droga, tráfico de armas, agresiones a grupos rivales, homicidios y reclutamiento.
Qué sigue tras las detenciones
El siguiente paso clave será la judicialización de los casos: presentación ante el Ministerio Público, integración de datos de prueba y audiencias iniciales para definir medidas cautelares y posibles vinculaciones a proceso.
En paralelo, el caso suma presión a la narrativa de cooperación bilateral, en la que cada operativo relevante se convierte también en un mensaje político hacia ambos públicos: el mexicano y el estadounidense.
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