Un despliegue coordinado de fuerzas federales en Querétaro dejó como saldo la detención de 30 personas, entre ellas Diego “N”, alias “El Flaco”, señalado como un operador de la facción “Los Salazar”, vinculada al “Cártel de Sinaloa”.
De acuerdo con lo informado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, las capturas fueron resultado de 12 cateos realizados tras varios meses de investigación.
El caso se suma a una serie de operativos enfocados en golpear estructuras criminales mediante acciones simultáneas, con aseguramientos y detenciones que buscan cortar redes de distribución y operación en territorio.
Quién es “El Flaco” y qué se le atribuye
Según las líneas señaladas por autoridades federales, “El Flaco” es acusado de coordinar la venta y distribución de drogas hacia la capital del estado, además de participar en tráfico de armas.
También se le atribuyen agresiones contra grupos rivales, homicidios y tareas de reclutamiento, actividades que suelen funcionar como engranes clave para sostener el control territorial y el flujo logístico del crimen.
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La SSPC sostiene que la célula encabezada por el detenido operaba como una facción asociada al “Cártel de Sinaloa”, organización que se mantiene bajo fuerte presión por el interés de autoridades estadounidenses y por la violencia que se ha recrudecido en el propio estado de Sinaloa debido a disputas internas.
Qué aseguraron y qué sigue para los detenidos
En un balance oficial, el Gabinete de Seguridad federal reportó la captura de 21 hombres y nueve mujeres, incluidos perfiles considerados de liderazgo.
En los cateos se aseguraron armas de fuego, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información, indicios que suelen integrarse a las carpetas de investigación para sostener imputaciones y ampliar líneas sobre logística, finanzas y comunicaciones.
Ahora, el avance del caso dependerá de la judicialización de las carpetas y de las determinaciones de un juez, en un contexto donde el gobierno federal insiste en que la prioridad es debilitar estructuras completas y no solo detener operadores aislados.
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