La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo públicas acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien señala de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa en actividades relacionadas con el tráfico de drogas y delitos asociados con armas.
De acuerdo con el documento judicial, el mandatario estatal figura entre un grupo de funcionarios y exfuncionarios de alto nivel que habrían participado en una red de corrupción que facilitó el trasiego de grandes cantidades de narcóticos hacia Estados Unidos.
¿De qué acusa Estados Unidos a Rubén Rocha Moya?
Las autoridades estadounidenses sostienen que Rocha Moya habría mantenido vínculos con la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
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Según las acusaciones, el gobernador habría participado en reuniones con integrantes de este grupo criminal y ofrecido protección a sus operaciones.
El documento señala que este respaldo habría permitido al cártel operar con menor presión de las autoridades locales, facilitando la distribución de drogas como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense.
¿Qué otros delitos se investigan en el caso?
Además del tráfico de drogas, la acusación incluye señalamientos sobre corrupción, sobornos y uso indebido de funciones públicas.
Las autoridades afirman que diversos funcionarios habrían recibido pagos millonarios a cambio de brindar información sensible, proteger cargamentos y evitar detenciones.
También se menciona que algunos implicados habrían participado directamente en actos de violencia, incluidos secuestros y homicidios, como parte de las operaciones del grupo criminal.
¿Cuál es el contexto del caso?
La Fiscalía estadounidense destacó que este tipo de redes no podrían operar sin la colaboración de funcionarios corruptos, por lo que el caso busca enviar un mensaje sobre la persecución de este tipo de conductas a nivel internacional.
Cabe señalar que las acusaciones forman parte de una investigación más amplia contra integrantes del Cártel de Sinaloa y sus presuntas redes de apoyo. Hasta el momento, los señalados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un proceso judicial.
El caso podría tener implicaciones políticas y diplomáticas, mientras se espera una postura oficial de las autoridades mexicanas sobre los señalamientos.
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