La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó postura oficial frente a las órdenes de extradición y acusaciones difundidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, un senador y el alcalde de Culiacán.
Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que el 28 de abril por la noche la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió las solicitudes de detención provisional con fines de extradición.
Un día después, dichas solicitudes fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis conforme al marco legal mexicano.
¿Qué dijo Sheinbaum sobre las acusaciones de Estados Unidos?
La presidenta subrayó que el Gobierno de México actuará con base en pruebas y dentro de su propio sistema jurídico. Señaló que la FGR es la única autoridad competente para determinar si existen elementos suficientes que justifiquen órdenes de aprehensión o procesos de extradición.
En ese sentido, explicó que la Fiscalía ya inició una investigación paralela para verificar si las acusaciones presentadas por autoridades estadounidenses cuentan con sustento legal.
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Sheinbaum fue clara al señalar que su administración no protegerá a ninguna persona que haya cometido un delito, pero también advirtió que no se procederá sin evidencia contundente.
¿Por qué México emitió un extrañamiento a EU?
La mandataria también confirmó que la SRE emitió un extrañamiento al gobierno estadounidense debido a la difusión pública de los documentos, ya que este tipo de procesos deben mantenerse bajo confidencialidad conforme a los tratados internacionales vigentes.
Este punto fue destacado como una irregularidad en el manejo del caso por parte de las autoridades de Estados Unidos.
¿Cuál es la postura del gobierno mexicano?
Sheinbaum reiteró que su gobierno actuará bajo tres principios: verdad, justicia y defensa de la soberanía. Enfatizó que México mantiene una relación de igualdad con otras naciones y no permitirá injerencias en asuntos internos.
Asimismo, advirtió que si no existen pruebas claras, las acusaciones podrían tener un trasfondo político, lo que consideró inaceptable.
¿Qué sigue en el proceso?
El caso queda ahora en manos de la Fiscalía General de la República, que deberá analizar la información recibida y determinar si procede alguna acción legal conforme a la legislación mexicana.
Mientras tanto, el gobierno federal mantiene su postura de colaboración internacional, pero bajo condiciones de respeto a la soberanía y al debido proceso.
La respuesta de la presidenta marca un posicionamiento firme en uno de los temas más delicados de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos.
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