La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el bloqueo de cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es constitucional cuando se sustenta en indicios de operaciones ilícitas y se respetan los derechos fundamentales de los involucrados.
En sesión del Pleno, el máximo tribunal resolvió dos casos en los que confirmó la validez de estas medidas, al considerar que forman parte de los mecanismos preventivos del Estado mexicano para combatir el lavado de dinero y otras actividades vinculadas con recursos de procedencia ilícita.
Medida cautelar, no sanción definitiva
Los ministros establecieron que el congelamiento de cuentas no constituye una sanción definitiva, sino una medida cautelar de carácter provisional. Su objetivo es evitar la dispersión de recursos mientras se desarrollan investigaciones financieras.
Además, la Corte subrayó que este tipo de acciones deben garantizar el derecho de audiencia y defensa de los afectados, quienes pueden recurrir a mecanismos de impugnación tanto en la vía administrativa como judicial.
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UIF puede actuar sin solicitud extranjera formal
Uno de los puntos clave del fallo es que la UIF no requiere una petición formal de autoridades extranjeras para proceder con el bloqueo de cuentas.
La SCJN precisó que la unidad puede basarse en información de carácter nacional o internacional, siempre que cumpla con estándares reconocidos a nivel global.
En este sentido, se destacó la alineación de México con los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que establece criterios para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Fortalecen marco legal contra operaciones ilícitas
Con esta resolución, la SCJN fortalece el marco jurídico en materia de inteligencia financiera y refuerza las herramientas del Estado para detectar y frenar flujos económicos ilegales.
El criterio también establece un precedente relevante para futuras actuaciones de la UIF, al delimitar el alcance de sus facultades y garantizar un equilibrio entre la seguridad financiera y la protección de derechos fundamentales.
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