La Cámara de Diputados aprobó el Plan B de Reforma Electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, una iniciativa que modifica diversos artículos de la Constitución con el objetivo de redefinir la estructura política local y establecer nuevas reglas en materia de austeridad en organismos electorales.
El dictamen fue avalado tanto en lo general como en lo particular, con mayoría calificada. En la votación final se registraron 343 votos a favor, 124 en contra y una abstención, lo que permitió su avance en el proceso legislativo. Tras su aprobación, la reforma fue turnada a los congresos estatales para su análisis y eventual ratificación.
¿Qué cambios incluye el Plan B de Reforma Electoral?
La reforma contempla modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución. Estos ajustes impactan directamente en la organización de los gobiernos municipales, los congresos locales y las condiciones laborales de funcionarios electorales.
En el caso del artículo 115, se establece que los municipios serán gobernados por ayuntamientos electos mediante voto directo, integrados por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías. Además, se refuerzan criterios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género en la conformación de estos órganos.
Por su parte, el artículo 116 introduce límites al gasto de los congresos locales. Las constituciones estatales deberán garantizar que el presupuesto anual de las legislaturas no supere el 0.70 por ciento del presupuesto total de la entidad. También se incorporan principios de paridad e igualdad en la integración de los órganos legislativos.
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¿Cómo impacta la reforma en salarios y prestaciones?
Uno de los puntos centrales del Plan B se encuentra en el artículo 134, donde se fijan límites a las remuneraciones de los funcionarios electorales. La reforma establece que los salarios de consejeros, magistrados y altos cargos en organismos electorales no podrán exceder lo estipulado en la Constitución.
Asimismo, se prohíbe el uso de recursos públicos para contratar seguros médicos privados, seguros de vida, esquemas especiales de retiro o prestaciones adicionales que no estén contempladas en la ley. Esta medida busca reducir costos en el aparato electoral y alinearse con la política de austeridad.
¿Qué sigue tras la aprobación en la Cámara de Diputados?
El dictamen incluye disposiciones transitorias que contemplan una implementación gradual de los cambios, así como la reasignación de recursos derivados de los ahorros hacia programas de interés social.
Durante la discusión en lo particular, legisladores de distintas fuerzas políticas presentaron reservas; sin embargo, la mayoría fueron retiradas, desechadas o enviadas para su publicación en el Diario de los Debates sin modificar el contenido del dictamen.
Con este avance, el Plan B de Reforma Electoral entra en una nueva etapa, donde las legislaturas estatales tendrán la última palabra para su validación constitucional. La iniciativa se perfila como un ajuste estructural en el sistema político-electoral, con énfasis en la austeridad y la reorganización institucional a nivel local.
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