La muerte del migrante mexicano Lorenzo Salgado, ocurrida tras recibir un disparo en el torso por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, Texas, ha generado nuevas acusaciones contra las autoridades migratorias de Estados Unidos.
Domingo García, abogado de la familia y miembro de la organización de defensa de los derechos civiles LULAC, afirmó que la agencia federal intenta encubrir lo que calificó como un “crimen”.
El litigante aseguró que ICE proporcionó información falsa al señalar que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales y al sostener que Salgado intentó embestir a uno de los oficiales.
Según García, existen grabaciones posteriores al tiroteo en las que se observan dispositivos de grabación adheridos a los chalecos de algunos agentes, lo que, a su juicio, contradice la versión oficial.
Testigos niegan la versión presentada por las autoridades
El caso tomó un nuevo giro luego de que los tres hombres que viajaban con Lorenzo Salgado al momento del incidente rechazaran que el mexicano hubiera intentado arrollar a los agentes migratorios.
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De acuerdo con Hugo Balderas, abogado de los acompañantes de Salgado, ninguno de los detenidos respalda la narrativa difundida por ICE sobre el supuesto intento de agresión con la camioneta.
La familia del migrante, originario del Estado de México, manifestó además su desconfianza hacia una investigación realizada exclusivamente por el Gobierno federal y pidió una pesquisa independiente y transparente.
Denuncian trato inhumano hacia Lorenzo Salgado
El abogado de la familia también denunció el trato que recibió el mexicano tras resultar herido. Según la información recabada, los agentes le retiraron sus pertenencias, lo esposaron mientras permanecía tendido en el suelo y lo trasladaron al hospital aún esposado.
“Las autoridades deben reconocer que se cometió un error y que los responsables deben rendir cuentas”, señaló García.
Lorenzo Salgado, de 52 años, llevaba aproximadamente 35 años viviendo en Estados Unidos, donde había formado una pequeña empresa de construcción y daba empleo a ocho personas.
Su muerte ha provocado indignación entre organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, que exigen esclarecer los hechos y garantizar justicia para su familia.
IO
