La Suprema Corte de Estados Unidos declaró este martes inconstitucional la orden ejecutiva promovida por el presidente Donald Trump que pretendía restringir el derecho a la ciudadanía automática para los menores nacidos en territorio estadounidense cuyos padres sean migrantes en situación irregular o cuenten con visas temporales.
Con una votación de cinco magistrados a favor y cuatro en contra, el máximo tribunal confirmó que la ciudadanía por nacimiento continúa protegida por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, cerrando el paso a una de las principales propuestas migratorias impulsadas por Trump durante su segundo mandato.
En la resolución, la Corte sostuvo que los niños nacidos en Estados Unidos, aun cuando sus padres se encuentren de manera ilegal o temporal en el país, están sujetos a la jurisdicción estadounidense y, por lo tanto, adquieren automáticamente la ciudadanía desde el momento de su nacimiento.
El fallo mantiene una interpretación vigente desde hace más de 150 años
La decisión preserva el criterio constitucional que ha prevalecido durante más de siglo y medio y que reconoce como ciudadanos estadounidenses a prácticamente todas las personas nacidas dentro del territorio nacional.
Los magistrados recordaron que únicamente existen excepciones específicas, como los hijos de diplomáticos extranjeros acreditados en Estados Unidos, quienes no adquieren automáticamente la ciudadanía al nacer.
Con este fallo, la Suprema Corte reafirma el alcance de la cláusula de ciudadanía establecida en la Decimocuarta Enmienda, aprobada tras la Guerra Civil estadounidense para garantizar los derechos civiles de los antiguos esclavos y sus descendientes.
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Magistrados conservadores expresan desacuerdo
Aunque la mayoría del tribunal respaldó la constitucionalidad de la ciudadanía por nacimiento, algunos integrantes del bloque conservador manifestaron diferencias respecto al alcance de esa protección.
El juez Brett Kavanaugh expresó un voto parcialmente discrepante, al señalar que no comparte una interpretación amplia de la cláusula de ciudadanía. Sin embargo, tampoco respaldó la orden ejecutiva impulsada por Donald Trump para eliminar, en la práctica, ese derecho constitucional.
Otros tres magistrados conservadores también emitieron votos en contra de la decisión mayoritaria al sostener una interpretación más limitada del principio de ciudadanía automática.
La orden de Trump queda sin efectos
Donald Trump firmó la orden ejecutiva el 20 de enero de 2025, el mismo día en que inició su segundo mandato presidencial, como parte de un paquete de medidas orientadas a endurecer la política migratoria de Estados Unidos.
La disposición buscaba impedir que obtuvieran automáticamente la ciudadanía estadounidense los hijos de personas que permanecieran en el país de manera irregular o con permisos migratorios temporales.
De acuerdo con estimaciones citadas durante el proceso judicial, la medida habría afectado aproximadamente a 255 mil niños cada año.
Con la resolución emitida este martes, la orden queda anulada y no podrá aplicarse.
Trump cuestionó la interpretación de la Decimocuarta Enmienda
Durante la discusión pública del caso, Donald Trump defendió que la Decimocuarta Enmienda ha sido interpretada incorrectamente durante décadas.
El mandatario sostuvo que dicha disposición constitucional únicamente fue creada para garantizar la ciudadanía a los antiguos esclavos y a sus descendientes tras la Guerra Civil.
Asimismo, argumentó que Estados Unidos era el único país del mundo que otorgaba automáticamente la ciudadanía por nacimiento, afirmación que ha sido ampliamente cuestionada, ya que alrededor de una treintena de países mantienen sistemas similares de jus soli, mediante los cuales la nacionalidad se adquiere por el simple hecho de nacer en su territorio.
Incluso, el presidente acudió personalmente en abril pasado a la audiencia pública celebrada por la Suprema Corte para escuchar los argumentos sobre la constitucionalidad de su decreto, un hecho poco frecuente para un mandatario estadounidense en funciones.
El fallo representa un revés para la agenda migratoria de Trump
La decisión del máximo tribunal constituye uno de los principales reveses judiciales para la estrategia migratoria impulsada por Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca.
Además de mantener vigente uno de los principios históricos del sistema constitucional estadounidense, el fallo limita la posibilidad de modificar mediante una orden ejecutiva un derecho que la Suprema Corte considera protegido expresamente por la Constitución.
Con esta resolución, la ciudadanía por nacimiento permanece como una garantía constitucional para la gran mayoría de los menores que nacen en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
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