La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó este miércoles 15 de julio la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, la cual será enviada al Congreso de la Unión para su discusión y eventual aprobación.
Durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, el gobierno federal explicó que la propuesta busca establecer un solo marco jurídico para investigar, perseguir y sancionar este delito en las 32 entidades del país.
La iniciativa parte de una reforma al artículo 73 de la Constitución, aprobada previamente por el Congreso y respaldada por la mayoría de las legislaturas locales. Esta modificación facultó al Poder Legislativo federal para expedir una ley general en materia de feminicidio.
¿Qué propone la Ley General contra el Feminicidio?
La propuesta define el feminicidio como la privación de la vida de una mujer por razones de género y establece diez supuestos para acreditar dicha motivación.
Entre estos elementos se encuentran la existencia de violencia sexual, antecedentes de agresiones contra la víctima, relaciones marcadas por una asimetría de poder y delitos motivados por estereotipos o prejuicios contra las mujeres.
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La iniciativa fija una pena de entre 50 y 70 años de prisión, aplicable en todo el territorio nacional. También incluye 19 agravantes que permitirán aumentar la sanción cuando la víctima sea una niña, adolescente, adulta mayor, mujer embarazada, persona con discapacidad, periodista, defensora de derechos humanos o migrante.
Las agravantes también abarcan los casos cometidos por servidores públicos o aquellos en los que la víctima presente lesiones causadas con ácido, sustancias químicas o materiales inflamables.
La tentativa de feminicidio se castigará con una pena equivalente a entre la mitad y las dos terceras partes de la sanción correspondiente al delito consumado.
Feminicidio no prescribirá y quedará fuera de amnistías
La ley plantea que el delito, la sanción penal y la reparación del daño sean imprescriptibles. Esto significa que el paso del tiempo no impedirá que las autoridades investiguen los hechos o ejecuten una sentencia.
Tampoco procederán criterios de oportunidad, conmutación de penas, libertad condicionada ni beneficios derivados de una amnistía.
Además de la prisión, las personas responsables podrían perder derechos sucesorios, tutela, guarda y custodia o patria potestad. Cuando el responsable sea un servidor público, la sentencia podrá incluir su destitución e inhabilitación.
¿Cómo deberán investigar las fiscalías los feminicidios?
Uno de los objetivos centrales es evitar que cada estado aplique criterios distintos. Todas las fiscalías deberán contar con unidades especializadas, ministerios públicos, policías y personal pericial capacitado.
Los protocolos nacionales incorporarán perspectiva de género, análisis del contexto de violencia, preservación de indicios y coordinación entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
La iniciativa también pretende impedir que las muertes violentas de mujeres sean clasificadas sin elementos suficientes como suicidios u homicidios. Desde la presentación inicial del proyecto, el gobierno federal planteó que estos casos deben investigarse bajo la hipótesis de feminicidio desde el primer momento.
Ley contempla apoyo para víctimas y menores en orfandad
El proyecto reconoce el derecho de las víctimas directas e indirectas a recibir asistencia jurídica gratuita, atención médica y psicológica, servicios de traducción para integrantes de comunidades indígenas y acceso a la verdad.
También dispone atención integral para niñas, niños y adolescentes que perdieron a sus madres por este delito. Para conocer su situación y brindarles protección, se propone crear un Registro Nacional de Menores en Orfandad por Feminicidio.
La reparación del daño deberá ser efectiva, rápida, proporcional y transformadora. Las autoridades estatales tendrán la obligación de atender las necesidades de las hijas, hijos y otros familiares de las víctimas.
Sheinbaum afirmó que la homologación busca cerrar espacios a la impunidad y obligar a las fiscalías del país a actuar bajo las mismas reglas. El Congreso de la Unión deberá analizar ahora la iniciativa, definir posibles modificaciones y votar su expedición.
IO
