Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, así como de Salud y Seguridad Social del Congreso del Estado, dieron un paso más en el proceso para realizar la consulta pública dirigida a personas con discapacidad, como parte del cumplimiento de las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de derechos e inclusión.
Durante la sesión de trabajo se distribuyó entre las y los legisladores el protocolo que regirá este mecanismo de participación ciudadana, documento que establece las reglas para garantizar que la consulta se haga bajo criterios de accesibilidad, información suficiente y participación efectiva de las personas con discapacidad, de modo que sus opiniones sean consideradas antes de aprobar nuevamente las reformas involucradas.
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El procedimiento responde a las acciones de inconstitucionalidad 117/2021 y 99/2022, mediante las cuales la SCJN ordenó reponer el proceso de diversas reformas aprobadas por el Congreso local pues no se consultó previamente a este sector, como lo establecen la Constitución, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y diversos criterios del máximo tribunal del país.
La consulta abarcará modificaciones relacionadas con mejores condiciones laborales, disposiciones de salvaguarda y cambios a la Ley del Notariado del Estado de Yucatán. De acuerdo con el protocolo, el ejercicio deberá realizarse de manera previa, pública, abierta, accesible, informada y con participación efectiva, principios que buscan garantizar que las personas con discapacidad puedan expresar sus opiniones en igualdad de condiciones y se tomen en cuenta durante el proceso legislativo.
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En asuntos generales, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, diputado Alejandro Cuevas Mena, instruyó a la Secretaría General del Congreso distribuir una propuesta de acuerdo para la organización de las consultas públicas.
Precisó que será en una próxima sesión cuando las comisiones definan las sedes, fechas y horarios en los que se desarrollarán estos ejercicios, a fin de facilitar la asistencia de las personas interesadas.
Una vez concluida la consulta, las comisiones deberán analizar las opiniones y planteamientos recabados antes de continuar con el estudio y eventual aprobación de las reformas correspondientes.
Con este avance, el Poder Legislativo busca atender los criterios fijados por la Suprema Corte y dar continuidad al proceso de armonización de las reformas mediante un mecanismo que garantice el respeto a los derechos de las personas con discapacidad, fortalezca la legalidad de los trabajos legislativos y evite nuevas observaciones de carácter constitucional.
