La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercer acción penal contra la empresa Portacelis Gas and Oil, establecida en Tabasco y relacionada públicamente con el empresario Jorge Amílcar Olán.
De acuerdo con información de prensa y de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la compañía habría participado en un esquema de huachicol fiscal que ocasionó un perjuicio al erario federal estimado en más de 834 millones de pesos.
La investigación apunta a que el mecanismo utilizado consistía en introducir combustibles al país mediante ferrotanques, utilizando información presuntamente falsa en los documentos presentados ante las autoridades aduaneras.
SAT denuncia irregularidades en 139 pedimentos
La representación legal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó una denuncia derivada de irregularidades detectadas en 139 pedimentos de importación, correspondientes a operaciones realizadas entre febrero y junio del año pasado.
Según la información difundida, las maniobras habrían permitido evitar el pago de derechos e impuestos asociados a la importación de hidrocarburos.
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El expediente también contempla la participación de personas vinculadas con la administración de Portacelis y con las operaciones aduaneras. Entre ellas figura José Alonso Ulin Hernández, quien asumió la administración de la empresa después de la salida de Juan Carlos de la Cruz Murillo.
La solicitud de acción penal fue presentada ante la FGR el pasado 25 de marzo, de acuerdo con los datos citados en la información.
¿Cómo operaba el presunto esquema de huachicol fiscal?
El llamado huachicol fiscal consiste, entre otras modalidades, en introducir combustibles al territorio nacional mediante declaraciones aduaneras incorrectas o información que permite reducir u omitir el pago de contribuciones.
En este caso, la investigación señala que se habrían utilizado datos falsos para documentar las importaciones, situación que habría generado el perjuicio millonario calculado por las autoridades fiscales.
El caso permanece en el ámbito de la investigación ministerial, por lo que corresponderá a la FGR determinar las responsabilidades penales y, en su caso, llevar el expediente ante un juez.
La información también refiere que uno de los operadores aduanales señalados, Víctor José Carretero Zardeneta, habría salido hacia Estados Unidos en enero pasado, cuando las autoridades mexicanas preparaban acciones para detenerlo.
Hasta el momento, las acusaciones descritas forman parte de un proceso de investigación y no implican por sí mismas una sentencia ni acreditan responsabilidad penal definitiva de las personas mencionadas.
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