El Gobierno de México obtuvo un ahorro estimado de 5 mil millones de pesos tras la eliminación de las llamadas “pensiones doradas”, informó Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia.
Durante la conferencia matutina encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria rechazó que la administración federal haya dado marcha atrás a los límites impuestos a las jubilaciones de exservidores públicos.
Alcalde explicó que la Consejería Jurídica emitió un criterio técnico después de recibir consultas de instituciones que encontraron una posible contradicción en las disposiciones constitucionales. Una establecía como límite la mitad del salario presidencial, mientras otra señalaba como tope la remuneración completa de la titular del Ejecutivo.
Ante esa diferencia, el Gobierno determinó aplicar la interpretación más favorable para las personas jubiladas, sin permitir nuevamente pagos mensuales de cientos de miles o más de un millón de pesos.
¿Cuál es el límite para las pensiones de exfuncionarios?
El criterio adoptado establece que ninguna pensión podrá superar el salario de la presidenta de la República.
Esto significa que las personas cuyo pago se había reducido hasta la mitad de esa remuneración podrán recibir como máximo el equivalente al sueldo presidencial. Sin embargo, quienes cobraban cantidades superiores deberán mantenerse dentro del nuevo límite.
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Alcalde aseguró que esta interpretación no representa el regreso de los privilegios que dieron origen a la reforma.
“Las pensiones doradas ya no existen en nuestro país”, sostuvo la funcionaria al recordar que anteriormente algunos exdirectivos y funcionarios de organismos públicos recibían entre 400 mil y 1.5 millones de pesos mensuales.
La iniciativa original planteó que las pensiones de exfuncionarios de confianza no excedieran 50% de la remuneración presidencial y estimó una recuperación presupuestaria de alrededor de 5 mil millones de pesos.
¿Por qué el Gobierno modificó el criterio de la reforma?
La Consejería Jurídica consideró que las instituciones debían aplicar la disposición que otorgara mayor protección a las personas pensionadas cuando existieran dos reglas susceptibles de interpretaciones distintas.
De esta forma, el límite pasó de la mitad al equivalente total del salario presidencial. Alcalde insistió en que el ajuste solo busca resolver una contradicción normativa y no permitir nuevamente jubilaciones millonarias.
El cambio fue cuestionado por sectores que consideraron que el Gobierno flexibilizó la reforma. La funcionaria respondió que la prohibición central permanece: ninguna jubilación de exfuncionarios podrá ubicarse por encima de las percepciones de la titular del Ejecutivo.
Sheinbaum enviará reforma para eliminar contradicciones
Claudia Sheinbaum reconoció que la redacción constitucional permite interpretaciones diferentes y anunció que presentará una modificación al Congreso durante el próximo periodo ordinario de sesiones.
La propuesta incorporará expresamente como límite máximo el salario presidencial, con el objetivo de que todas las instituciones apliquen el mismo criterio.
La reforma al artículo 127 constitucional fue aprobada para limitar pensiones excesivas de exfuncionarios de instituciones como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y otros organismos públicos.
El Gobierno federal sostiene que los recursos liberados se destinarán a programas sociales y otras acciones públicas. El cálculo de 5 mil millones de pesos, no obstante, corresponde a una estimación oficial y puede variar conforme las instituciones actualicen los pagos y determinen cuántas personas se encuentran sujetas al límite.
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