El Gobierno de México presentó nuevos avances en la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, con líneas centradas en el análisis de teléfonos celulares, posibles vínculos con funerarias y servicios forenses de Iguala, así como el destino de videograbaciones captadas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Durante el informe, Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, explicó que la nueva etapa no comenzó desde cero, sino que revisa nuevamente documentos, testimonios, registros telefónicos, dictámenes periciales y otras evidencias acumuladas durante 12 años.
La Fiscalía General de la República (FGR) tiene un avance cercano al 90 por ciento en la digitalización y sistematización de alrededor de 5 millones de páginas distribuidas en unos 3 mil tomos, con el objetivo de cruzar información mediante herramientas tecnológicas y detectar conexiones que antes no habían sido advertidas. Markdown pegado
La propia FGR ya había informado en agosto que el nuevo modelo de investigación parte de un “reanálisis profundo” de las actuaciones existentes para abrir nuevas líneas.
Nuevos análisis rastrean teléfonos de estudiantes desaparecidos
Uno de los principales ejes corresponde al reanálisis de registros telefónicos de 2014 y 2015.
El fiscal especial del caso, Mauricio Pazarán Álvarez, señaló que las autoridades identificaron patrones de llamadas y comunicaciones entre servidores públicos, policías, personas presuntamente vinculadas con Guerreros Unidos y particulares durante las horas consideradas clave para la investigación.
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Además, la fiscalía informó que algunos aparatos pertenecientes a estudiantes fueron utilizados después de su desaparición.
Entre ellos aparece el teléfono de Jorge Aníbal Cruz Mendoza, que, según la investigación expuesta, fue utilizado el 30 de septiembre de 2014 por un policía municipal de Iguala y posteriormente por su pareja.
Otro equipo, perteneciente a Israel Caballero Sánchez, habría sido usado después por la esposa de un exservidor público municipal relacionado con la barandilla de Iguala.
Investigan funerarias y el servicio forense de Iguala
Otra línea se concentra en funerarias y hornos crematorios.
Las autoridades señalaron que el análisis telefónico permitió establecer comunicaciones entre personas identificadas en la investigación como integrantes de Guerreros Unidos y Rodolfo “N”, relacionado con funerarias de Iguala. A partir de esos elementos se realizaron cateos, aseguramientos y detenciones.
Durante las inspecciones, la Fiscalía reportó el hallazgo de restos óseos, documentación, un arma de fuego, certificados firmados y sellados en blanco y un horno sin registro oficial.
En un cateo posterior al servicio médico forense también se localizaron restos óseos sin registro, piezas dentales y restos calcinados. Estos indicios permanecen bajo análisis pericial y, por sí mismos, no establecen el destino de los 43 normalistas.
Videograbaciones del Palacio de Justicia, otra línea prioritaria
La Fiscalía también profundiza en el paradero de las videograbaciones del Palacio de Justicia de Guerrero, cuyas cámaras estaban ubicadas frente a uno de los puntos donde habrían sido vistos algunos estudiantes.
Las nuevas diligencias permitieron reconstruir parte de las decisiones relacionadas con esas grabaciones y derivaron en procesos contra exfuncionarios por su presunta participación en el ocultamiento de evidencias. Las responsabilidades deberán determinarse en sede judicial.
Gobierno mantendrá búsquedas y diálogo con familias
De octubre de 2024 a la fecha, las autoridades reportaron intervenciones en mil 28 sitios de búsqueda distribuidos en 36 lugares de seis municipios de Guerrero, con participación de especialistas, autoridades federales y representantes de las familias.
El Gobierno federal estableció como siguientes pasos ampliar las búsquedas, profundizar las líneas relacionadas con funerarias y videograbaciones, continuar las investigaciones ministeriales y mantener el diálogo con madres y padres de los estudiantes.
A 12 años de la desaparición, las autoridades reconocen que el paradero de los 43 jóvenes todavía no ha sido esclarecido y que las nuevas hipótesis deberán sostenerse con evidencia verificable y resoluciones judiciales.
IO
