El exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, deberá permanecer en prisión preventiva oficiosa luego de que el juez federal Mario Elizondo Martínez determinara que existe riesgo de fuga y rechazara la petición de su defensa para que enfrentara el proceso bajo reclusión domiciliaria.
La medida fue dictada durante una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México. Aguirre enfrenta acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por obstrucción de la justicia y desaparición forzada, delitos que, de acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, podrían representar una pena de hasta 70 años de prisión.
El exmandatario estatal es señalado por presuntamente haber ordenado el ocultamiento y destrucción de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
FGR presenta testimonios sobre la presunta destrucción de evidencias
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó como parte de los elementos de la acusación los testimonios de Blanca N, exvisitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Lambertina N, ex presidenta del Poder Judicial de esa entidad.
Según los testimonios citados por la FGR, el 29 de septiembre de 2014 ambas recibieron de Isaías Rodríguez, entonces responsable del área de informática del tribunal, un disco que contenía videos relacionados con los hechos ocurridos frente al Palacio de Justicia.
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Las grabaciones mostrarían el momento en que policías de Iguala y hombres vestidos de civil obligaron a un grupo de normalistas a descender del autobús 1531.
De acuerdo con la acusación, el material habría sido entregado posteriormente a Aguirre Rivero, quien presuntamente lo hizo llegar al entonces procurador estatal Iñaki Blanco.
La Fiscalía sostiene que un día después, el 30 de septiembre, el entonces gobernador reunió a colaboradores cercanos y habría ordenado destruir evidencias relacionadas con los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre.
Defensa pidió prisión domiciliaria
Aguirre Rivero acudió a la audiencia en silla de ruedas y manifestó que después de su detención presentó complicaciones relacionadas con la hipertensión.
Su defensa solicitó que, debido a su edad y estado de salud, se le permitiera enfrentar el proceso bajo arraigo domiciliario. Sin embargo, el juez determinó que no se cumplían las condiciones necesarias para concederle ese beneficio.
El exgobernador inicialmente se reservó su derecho a declarar, aunque posteriormente tomó la palabra para expresar su pesar por lo ocurrido con los normalistas y sostener que siempre había colaborado con las investigaciones.
Aguirre afirmó que tiene la conciencia tranquila y aseguró que demostrará a su familia que no tuvo relación con la desaparición de los estudiantes.
¿De qué acusa la FGR a Aguirre?
La Fiscalía General de la República sostiene que las investigaciones permitieron establecer la presunta participación del exgobernador, junto con otros funcionarios estatales de alto nivel, en acciones destinadas a ocultar evidencias que pudieran contribuir a esclarecer el paradero de los 43 normalistas.
Con la decisión judicial, Aguirre Rivero permanecerá en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, mientras continúa el proceso penal en su contra.
La resolución constituye un nuevo capítulo judicial en uno de los casos de desaparición forzada que mayor impacto ha tenido en México durante la última década.
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