La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas, quien se desempeñó como secretario de Economía de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya.
Ante la inmovilización de sus recursos, el exfuncionario promovió un juicio de amparo con el objetivo de revertir la medida. El recurso fue presentado el 25 de agosto y quedó formalmente registrado el 3 de septiembre.
Sin embargo, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México se declaró incompetente por razón de territorio para resolver el asunto y ordenó enviar el expediente a un juzgado federal con sede en Mazatlán, Sinaloa.
¿Por qué congelaron las cuentas de Ricardo “Pity” Velarde?
La información disponible confirma que la UIF ordenó la inmovilización de las cuentas del exsecretario estatal, aunque no detalla en este momento los motivos específicos de la medida financiera.
El proceso judicial tampoco resolvió todavía el fondo del asunto, ya que la autoridad de la Ciudad de México únicamente determinó que no era competente para conocer el caso.
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Ahora será un juzgado federal en Mazatlán el que deberá continuar con el análisis del recurso promovido por Velarde Cárdenas.
¿Quién es Ricardo “Pity” Velarde?
Ricardo Velarde fue titular de la Secretaría de Economía de Sinaloa y también es propietario del establecimiento conocido como Terraza Valentinos, ubicado en Mazatlán.
El exfuncionario dejó el cargo en octubre de 2025, después de que surgieran señalamientos relacionados con la desaparición del joven Carlos Emilio Galván, reportada en ese establecimiento.
En ese momento, el gobernador Rubén Rocha Moya señaló que la renuncia respondía a una decisión personal de Velarde para atender el esclarecimiento de los hechos.
Amparo cambia de sede y seguirá su curso en Sinaloa
La resolución publicada el 7 de septiembre determinó que el expediente debía ser remitido a un órgano jurisdiccional con competencia territorial en Mazatlán.
Esto significa que el congelamiento de cuentas no fue revocado en esta etapa y que la discusión sobre la legalidad de la medida continuará en Sinaloa.
El caso permanece abierto y será el juzgado que reciba el expediente el que determine los siguientes pasos dentro del juicio de amparo.
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