La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México retiró de sus cargos y puso bajo investigación administrativa a dos jefes policiales vinculados con irregularidades en la indagatoria por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
De acuerdo con un comunicado interno difundido este lunes, los sancionados son la jefa del Sector Nativitas y el coordinador de patrullas de la misma demarcación, señalados de mover un casco y un chaleco táctico que el sicario arrojó tras el ataque.
La Dirección General de Asuntos Internos encabeza el procedimiento para deslindar responsabilidades y, de ser necesario, turnarlas a la Fiscalía capitalina.
El doble homicidio ocurrió a las 7:00 h del 20 de mayo sobre Calzada de Tlalpan, colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez.
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Según la cronología oficial, un agresor se acercó a la camioneta donde viajaban las víctimas, disparó en repetidas ocasiones y huyó; la escena fue asegurada por patrullas del Sector Nativitas minutos después.
Las pesquisas de la SSC y la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) apuntan a la participación de cuatro personas: el tirador, un motociclista de escape y dos operadores logísticos que cambiaron de vehículo en al menos tres ocasiones para abandonar la capital y cruzar al Estado de México.
Todas las unidades empleadas —dos automóviles y una motocicleta robados— fueron localizadas y aseguradas entre el 21 y 23 de mayo.
Fuentes de la corporación reconocen que la presunta manipulación de indicios podría afectar la cadena de custodia y retrasar peritajes balísticos y genéticos clave.
Aun así, la SSC aseguró que “la totalidad de los objetos, fotografías y grabaciones de cámaras de videovigilancia” ya obra en poder de la fiscalía y fue integrada a la carpeta correspondiente.
Para reforzar la pesquisa, el secretario Pablo Vázquez ordenó rotar mandos en siete sectores aledaños y solicitó apoyo de la Guardia Nacional para vigilar accesos carreteros.
En paralelo, la jefa de Gobierno reforzó su escolta y mantiene contacto con la Secretaría de Gobernación federal para evaluar medidas de protección a servidores públicos de alto perfil.
Brugada insistió en que “no habrá impunidad” y confió en que los autores intelectuales serán detenidos pronto.
La investigación, ahora bajo lupa por la actuación de los dos mandos destituidos, se ha convertido en un test crucial de transparencia para la policía capitalina.
Analistas advierten que el caso podría derivar en procesos penales por encubrimiento y permitir a la FGJ-CDMX solicitar vinculaciones a proceso contra los agentes, además de sanciones administrativas que llegan hasta la inhabilitación definitiva.
IO
