El Gabinete de Seguridad federal ejecutó en el municipio de Almoloya, Hidalgo, una orden de aprehensión contra Juan Miguel “N”, alias “Pajarraco”, presunto integrante de Guerreros Unidos y considerado pieza clave en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014.
La captura fue resultado de un operativo coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.
De acuerdo con el parte oficial, tareas de inteligencia ubicaron la colonia Centro de Almoloya como zona de movilidad del sospechoso; se instalaron puntos de vigilancia y, finalmente, elementos federales lo interceptaron sobre la calle Ernesto Viveros Oriente.
A “Pajarraco” se le notificaron los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada, se le leyeron sus derechos y fue trasladado bajo custodia al Ministerio Público federal, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.
Noticia Destacada
Fiscal del Caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, aclara malentendidos sobre la búsqueda de los normalistas desaparecidos
Relevancia para el caso Ayotzinapa
Guerreros Unidos —escisión del Cártel de los Beltrán Leyva— ha sido señalado por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia como grupo responsable de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
Investigaciones previas apuntan a que Juan Miguel “N” habría coordinado logística y comunicaciones la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Con esta detención, suman más de 140 órdenes de aprehensión cumplidas vinculadas al expediente Ayotzinapa, incluidas exautoridades municipales, mandos policiales y otros presuntos sicarios.
La SSPC destacó que la acción “fortalece la línea de investigación sobre la participación directa de Guerreros Unidos y reafirma el compromiso gubernamental de esclarecer los hechos”.
La defensa del imputado adelantó que solicitará la duplicidad del término constitucional, mientras que familiares de las víctimas exigieron al Ministerio Público profundizar los interrogatorios para obtener datos que conduzcan al paradero de los estudiantes y a los autores intelectuales restantes.
IO
