Autoridades de Chiapas iniciaron una investigación formal sobre la presunta complicidad entre integrantes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de que salieran a la luz documentos que apuntan a posibles pagos del grupo criminal a elementos de seguridad en el estado.
La indagatoria se da tras la publicación de información que señala que el Grupo Pakales —creado para combatir a la delincuencia organizada en la entidad— habría figurado en registros financieros localizados en un inmueble en Tapalpa, Jalisco, donde se refugiaba el líder del CJNG.
Documentos vincularían pagos en noviembre de 2025
De acuerdo con los reportes difundidos, en la cabaña asegurada fueron encontrados documentos que indicarían que integrantes del Grupo Pakales habrían recibido aproximadamente 100 mil pesos en noviembre de 2025.
Los presuntos pagos estarían relacionados con elementos destacados en municipios como Chiapa de Corzo, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, Oxchuc, Pueblo Nuevo, Altamirano, Tuxtla Gutiérrez, Chenalhó, Mapastepec, Villaflores y la comunidad Zaragoza, en Ocosingo.
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Gobierno estatal ordena investigación conjunta
Ante estos señalamientos, el gobernador Eduardo Ramírez instruyó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno realizar una investigación exhaustiva en coordinación con la Fiscalía General del Estado.
El mandatario subrayó que, de confirmarse los hechos, se procederá conforme a la ley contra quienes resulten responsables. No obstante, pidió evitar generalizaciones hacia toda la corporación, al considerar que la información podría ser “tendenciosa”.
Ramírez también recordó que, en lo que va de su administración, más de 300 policías han sido detenidos por distintos delitos, incluidos elementos de la Guardia Estatal, policías municipales y miembros del propio Grupo Pakales.
El gobernador reiteró que su estrategia se basa en el combate frontal a la corrupción y la impunidad dentro de las corporaciones de seguridad, y aseguró que cualquier elemento que traicione la confianza pública enfrentará consecuencias legales.
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