¿Estamos finalmente cerca de conocer la verdad sobre Ayotzinapa?
Doce años después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, una tragedia que marcó a todo un país, México sabe mucho más de aquella noche del 26 de septiembre de 2014. Pero todavía no sabe lo fundamental: dónde están los jóvenes y qué ocurrió realmente con ellos.
Y esa enorme ausencia obliga ahora a formular una segunda pregunta: ¿por qué se quiso convencer a toda una sociedad de que ya conocía la respuesta?
La llamada “verdad histórica” presentada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto construyó una explicación prácticamente cerrada: los normalistas habrían sido detenidos por policías, entregados a integrantes de Guerreros Unidos, asesinados, incinerados durante horas en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al río San Juan.
Había responsables, escenario, secuencia y desenlace. Sólo había un problema: aquella versión comenzó a desmoronarse frente a las evidencias.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes cuestionó científicamente que los 43 hubieran podido ser incinerados en el basurero de Cocula en las condiciones planteadas por la entonces Procuraduría General de la República. Posteriores investigaciones documentaron además irregularidades en la obtención de declaraciones y en el manejo de evidencias.
La pregunta dejó entonces de ser únicamente qué pasó con los estudiantes. También comenzó a ser necesario preguntar: ¿qué pasó con la investigación?
LAS PISTAS QUE ESTABAN AHÍ
Los nuevos avances presentados por la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación resultan importantes precisamente porque una parte de ellos no procede de un descubrimiento fortuito. Procede de volver a mirar.
El reanálisis de registros telefónicos correspondientes a la noche de Iguala permitió identificar a 17 nuevas personas que no habían sido investigadas, según explicaron las autoridades. Las pesquisas han reconstruido además relaciones entre integrantes de Guerreros Unidos, policías, servidores públicos y personas vinculadas con funerarias.
Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, explicó este martes en la conferencia presidencial que esos registros han permitido identificar a más personas potencialmente involucradas. Y aquí aparece una de las preguntas centrales de esta historia:
¿esa información no existía hace doce años o existía y no fue suficientemente investigada?
La diferencia es enorme.
LA FUNERARIA, EL SEMEFO Y LOS DOCUMENTOS EN BLANCO
Una de las nuevas líneas conduce hacia funerarias de Iguala y hacia el Servicio Médico Forense.
El reanálisis de comunicaciones detectó contactos entre integrantes de Guerreros Unidos y personas relacionadas con esos establecimientos. En los cateos realizados posteriormente se localizaron restos óseos, documentación oficial sin llenar y un crematorio que las autoridades investigan.
Este martes Medina añadió un elemento particularmente inquietante: en inmuebles vinculados con el propietario de una funeraria fueron encontrados documentos relacionados con defunciones que tenían firmas o sellos mientras el resto permanecía sin llenar.
¿Qué hacían allí?
¿Quién podía utilizarlos?
¿Para qué?
¿Llegaron alguna vez a utilizarse irregularmente?
No conocemos todavía las respuestas.
Y es importante decirlo.
El hallazgo de esos documentos no demuestra que hayan sido utilizados para encubrir la desaparición de los estudiantes. Tampoco la existencia de un crematorio demuestra que allí fueran incinerados.
Son líneas de investigación, no conclusiones.
Los cateos del SEMEFO y las instalaciones relacionadas con la funeraria permitieron además recuperar cientos de fragmentos óseos. Continúan bajo análisis pericial para establecer su origen y determinar posibles coincidencias. El Equipo Argentino de Antropología Forense participa en los estudios a petición de las familias.
Encontrar restos no significa haber encontrado a los 43.
Hasta hoy solamente tres de los estudiantes han podido ser identificados mediante restos. Y la hipótesis de que algunos de los jóvenes hayan sido llevados a funerarias sigue presentando dificultades probatorias, como se ha documentado.
Esa cautela es fundamental.
México ya padeció una investigación que presentó una hipótesis como verdad.
No necesita otra.
LOS TELÉFONOS QUE SIGUIERON HABLANDO
Quizá uno de los aspectos más reveladores de la investigación actual sean los celulares.
Los teléfonos de al menos tres estudiantes registraron actividad después de su desaparición. El rastreo condujo hacia servidores públicos, policías o personas relacionadas con ellos. En uno de los casos, el teléfono de Israel Caballero Sánchez refuerza la hipótesis de que algunos estudiantes pudieron haber pasado por la barandilla municipal de Iguala.
La Fiscalía reúne además siete declaraciones relacionadas con esa ruta: cuatro de policías municipales, dos de integrantes de Guerreros Unidos y una de un sobreviviente.
La presidenta Claudia Sheinbaum planteó este martes una pregunta tan elemental como perturbadora:
¿Cómo es posible que el celular de un estudiante desaparecido terminara relacionado con alguien de la barandilla?
Pero podríamos agregar otra:
¿Por qué estamos respondiendo esa pregunta doce años después?
EL VIDEO QUE TAMPOCO PODEMOS OLVIDAR
Hay otra línea quizá todavía más delicada: las videograbaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
Sheinbaum recordó este martes que uno de los autobuses pasó por esa zona y cuestionó por qué esas imágenes no fueron investigadas debidamente.
La investigación actual intenta determinar qué ocurrió con las grabaciones generadas por las cámaras del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero durante aquella noche.
Aquí la diferencia jurídica es fundamental.
Una cosa es no haber sabido interpretar una evidencia.
Otra es perderla.
Y una mucho más grave sería haberla ocultado deliberadamente.
Determinar cuál de esas cosas ocurrió corresponde a fiscales y jueces, no al periodismo.
Pero la pregunta tiene que hacerse.
UNA INVESTIGACIÓN SIN UNA VERDAD PREDETERMINADA
Sheinbaum explicó también que su gobierno decidió no continuar por una investigación construida fundamentalmente alrededor de testigos.
La apuesta actual está en cruzar registros telefónicos, documentos, evidencias científicas y millones de páginas de expedientes.
La FGR ha digitalizado cerca del 90 por ciento de unos cinco millones de hojas relacionadas con el caso. Las autoridades reportan actualmente 168 personas procesadas, 130 de ellas en prisión, y 30 detenciones realizadas desde octubre de 2024. También hay 17 militares procesados penalmente.
Pero aquí también conviene evitar simplificaciones.
Las responsabilidades son individuales y deberán probarse ante los tribunales.
Y existe además una controversia que no puede desaparecer del artículo.
Las familias, sus abogados y antiguos integrantes del GIEI continúan reclamando documentación militar que consideran relevante para reconstruir aquella noche. Durante años han solicitado más de 850 folios de inteligencia que, según sostienen, no han sido entregados completamente. Algunos documentos militares conocidos anteriormente contenían interceptaciones de comunicaciones entre policías e integrantes de Guerreros Unidos.
Por eso investigar sin descartar nada debe significar exactamente eso:
nada.
Ni policías.
Ni delincuencia organizada.
Ni funcionarios.
Ni militares.
Ni funerarias.
Ni responsabilidades políticas.
Pero tampoco convertir sospechas en culpabilidades antes de que existan pruebas
¿ESTAMOS CERCA DE LA VERDAD?
Probablemente estamos más cerca de reconstruir algunas partes de ella.
Pero sería prematuro afirmar que estamos cerca del final.
Y quien mejor lo expresó no fue un fiscal ni una autoridad.Fue Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43.
Reconoció que existen avances, pero recordó lo esencial:
“Todavía no alcanzamos esa verdad. Todavía no sabemos dónde están nuestros hijos, qué pasó realmente”.
Esa frase debería acompañar cada nuevo informe sobre Ayotzinapa.
Porque un horno no es todavía la verdad.
Un teléfono tampoco.
Un fragmento óseo no identificado tampoco.
Una detención no es la verdad.
Y una nueva hipótesis, por prometedora que parezca, tampoco puede convertirse anticipadamente en ella.
Son piezas.
Y después de doce años algunas comienzan a encajar de una manera diferente.
Quizá por eso Ayotzinapa contiene ahora dos investigaciones inseparables.
La primera tiene que responder qué ocurrió con los 43 estudiantes.
La segunda debe explicar qué ocurrió con la investigación que debía encontrarlos.
¿Por qué determinadas llamadas no condujeron antes hacia estas personas?
¿Por qué teléfonos pertenecientes a desaparecidos siguieron siendo utilizados?
¿Por qué no se agotó la ruta de la barandilla?
¿Qué ocurrió con las grabaciones del Palacio de Justicia?
¿Por qué aparecen ahora conexiones que permanecieron durante años fuera del centro de la investigación?
¿Fueron errores? ¿Incapacidad? ¿Información fragmentada? ¿Negligencia? ¿O hubo evidencias que alguien decidió ocultar?
No conocemos todavía todas las respuestas.
Y precisamente por eso no debemos cometer nuevamente el error de bautizar una explicación incompleta como verdad.
Tal vez estemos más cerca.
Pero estar más cerca de la verdad no significa haber llegado a ella.
Doce años después, México no necesita otra "verdad histórica". Necesita una verdad demostrable.
Una capaz de resistir la ciencia, los expedientes y los tribunales.
Y, sobre todo, una capaz de responder finalmente la pregunta que 43 familias llevan doce años haciendo:
¿Dónde están?
