Las elecciones intermedias mexicanas de 2027 todavía no comienzan formalmente, pero algunas de sus batallas podrían estar librándose desde ahora. Y quizá no todas dentro de México.
El caso del estratega argentino Fernando Cerimedo, su relación con el español Javier Negre y las actividades de La Derecha Diario han dejado de ser solamente una controversia entre personajes identificados con la derecha internacional. El asunto comienza a adquirir otra dimensión.
Porque Cerimedo no apareció solamente en la política argentina. Su nombre ha estado relacionado con procesos políticos en distintos países de América Latina y sus actividades han puesto nuevamente bajo discusión una de las grandes vulnerabilidades de las democracias contemporáneas: la utilización de redes coordinadas, bots, desinformación y recursos económicos para influir en la opinión pública.
Chile ya decidió investigar. Y México empieza a preguntarse si debería hacer lo mismo.
La presidenta Claudia Sheinbaum abrió esa posibilidad.
Interrogada el 8 de septiembre sobre si el Gobierno mexicano investiga una eventual operación de Cerimedo o de su red en nuestro país y posibles vínculos con actores políticos rumbo a 2027, respondió:
“No hay una Comisión o no hay una vigilancia especial; no estaría de más”.
Y fue todavía más lejos. “A lo mejor el Congreso podrá hacer una revisión” para determinar “si han tenido alguna influencia o no” y “bajo qué condiciones”.
La declaración importa porque hasta ahora buena parte de la controversia alrededor de Cerimedo y Negre podía interpretarse como otra batalla ideológica entre izquierda y derecha.
Pero investigar una posible intervención extranjera en un proceso político no significa investigar ideas.
Significa investigar operaciones.
Cerimedo es conocido por su participación en estrategias digitales electorales en América Latina. La propia Sheinbaum ha señalado sus conexiones con actores políticos de distintos países y ha insistido particularmente en el papel que pueden desempeñar las redes digitales en la construcción artificial de estados de opinión.
Existe además una declaración de los propios protagonistas que resulta especialmente reveladora.
Antes de sus diferencias, Javier Negre había llamado públicamente a Cerimedo “mi socio” y celebrado junto a él lo que presentó como un año de “victorias electorales” en América Latina.
No eran entonces adversarios acusándose mutuamente. Eran socios que presumían resultados.
Eso no demuestra que hayan cometido delitos electorales. Pero sí justifica una pregunta elemental: ¿qué hicieron exactamente en cada uno de esos países?
Porque cuando una misma estructura aparece vinculada a diferentes procesos políticos latinoamericanos, deja de ser exclusivamente un fenómeno nacional.
Y uno de esos países decidió averiguarlo. Chile ya decidió investigarlo institucionalmente.
El 2 de septiembre, la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó, por 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención, la creación de una comisión especial investigadora para examinar eventuales vínculos de Fernando Cerimedo con actores políticos chilenos y, particularmente, el conocimiento, detección y utilización de bots y otras herramientas de manipulación digital en procesos políticos desde 2020.
La comisión tendrá 60 días para presentar sus conclusiones. El precedente chileno es particularmente relevante para México.
No se creó una comisión para investigar si las opiniones de Cerimedo son de derecha o de izquierda. Tampoco para determinar si sus publicaciones resultan incómodas para determinado gobierno.
Se investiga una posible estructura de intervención política digital.
Es decir: redes, métodos, conexiones y eventuales mecanismos de manipulación de la conversación pública.
Chile entendió que la cuestión no consiste solamente en determinar qué dijo Cerimedo, sino cómo operó, con quién, mediante qué herramientas y con qué alcance.
Y ésa es exactamente la discusión que comienza ahora en México.
Sheinbaum ya planteó que el Congreso mexicano podría hacer una revisión para determinar si estas estructuras “han tenido alguna influencia o no” en nuestro país y “bajo qué condiciones”.
La pregunta entonces resulta inevitable: si Chile considera suficientemente serio el asunto como para investigarlo desde su Congreso, ¿por qué México debería esperar hasta después de las elecciones de 2027 para averiguar si aquí ocurrió —o está ocurriendo— algo semejante?
La Presidenta ha ido más allá al referirse al caso mexicano. “De que querían influir, querían influir”, afirmó sobre Cerimedo y Negre.
Y habló de algo particularmente importante: “recursos económicos para influir en la opinión pública”.
También señaló uno de los mecanismos que deberían preocupar a cualquier democracia: la utilización de información falsa o manipulada y su posterior viralización. Eso modifica completamente el debate.
Porque una cosa es que un periodista extranjero critique al Gobierno mexicano. Otra es que un medio adopte abiertamente una posición ideológica. Y otra muy diferente sería que existiera una estructura organizada y financiada desde dentro o fuera del país destinada a fabricar tendencias, multiplicar información falsa y modificar artificialmente la conversación política mexicana.
Lo primero es libertad de expresión. Lo segundo es pluralidad. Lo tercero merece ser investigado.
Esta semana apareció además un nuevo elemento. Un audio difundido por Clarín, en el que se escucha a Fernando Cerimedo quejándose de quien fuera su socio, Javier Negre, volvió a colocar bajo los reflectores la relación entre ambos y las actividades de La Derecha Diario.
Al ser cuestionada sobre la grabación, Claudia Sheinbaum fue cuidadosa. Aclaró que no había escuchado el audio y, por tanto, no hizo una valoración de su contenido.
Pero sí consideró muy relevante que se conozcan las actividades propagandísticas a las que se han dedicado ese diario y sus fundadores.
Y probablemente ahí se encuentre lo verdaderamente importante. No saber por qué Cerimedo y Negre terminaron enfrentados. Sino saber qué hicieron cuando estaban juntos.
¿Qué campañas impulsaron. En qué países participaron. Quién pagó esas operaciones. Qué recursos utilizaron. Qué relación tuvieron con actores políticos y económicos locales. Y qué parte de aquello que millones de ciudadanos percibieron como conversación espontánea en las redes pudo haber sido amplificada artificialmente?
Romper una sociedad no borra lo ocurrido durante ella. Por eso el audio importa menos por la pelea entre sus protagonistas que por las preguntas que vuelve a provocar.
Y aquí aparece el elemento más delicado: México.
Sheinbaum ha señalado públicamente que existieron vínculos entre estas estructuras y personas en nuestro país. También ha recordado que el propio Javier Negre habló públicamente de la participación de Ricardo Salinas Pliego en su llegada a México.
Eso no demuestra por sí mismo ninguna operación electoral ilegal. Tampoco demuestra que el empresario mexicano haya financiado una intervención extranjera en elecciones.
Sería irresponsable afirmarlo sin pruebas. Pero sí existe suficiente información pública para formular preguntas.
¿Quién financió las actividades de estas estructuras en México? ¿Cuánto dinero recibieron? ¿Para qué fue utilizado? ¿Operaron redes coordinadas? ¿Hubo granjas de bots trabajando sobre asuntos mexicanos? ¿Se contrataron campañas destinadas a convertir determinados contenidos en tendencias? ¿Existieron operaciones de desinformación? ¿Participaron partidos, candidatos, empresarios u organizaciones mexicanas?
Y, sobre todo:
¿Alguna estructura semejante se está preparando para intervenir en las elecciones de 2027?
Esas preguntas no deberían incomodar a ningún demócrata, independientemente de su ideología.
Porque si mañana apareciera una estructura extranjera de izquierda financiando clandestinamente operaciones digitales para favorecer candidatos mexicanos, debería investigarse exactamente igual.
El problema no es la derecha. El problema es la eventual intervención.
Durante buena parte del siglo XX, América Latina aprendió a reconocer las formas tradicionales de injerencia extranjera: financiamiento clandestino, operaciones de inteligencia, presiones diplomáticas, campañas propagandísticas, apoyo encubierto a candidatos e incluso golpes de Estado.
El siglo XXI agregó otras herramientas. Ya no necesariamente hace falta tocar una urna.
Puede bastar con influir durante meses en la persona que finalmente depositará el voto dentro de ella.
Un teléfono celular puede convertirse en un instrumento político formidable. Miles de cuentas automatizadas pueden instalar un tema. Los algoritmos pueden amplificarlo. Una información falsa puede reproducirse millones de veces. Un video puede sacarse de contexto. Una protesta pequeña puede convertirse digitalmente en una rebelión nacional. Un crimen extraordinario puede presentarse como demostración de que todo un país está fuera de control.
Y cuando millones de personas reciben simultáneamente una misma versión de los acontecimientos, una percepción artificialmente amplificada puede comenzar a confundirse con la realidad.
Ahí está el verdadero peligro. No porque afecte a Claudia Sheinbaum. Puede afectar a cualquier candidato, cualquier partido y cualquier elección.
México tiene una protección importante. Las elecciones siguen descansando fundamentalmente en papeletas físicas y el conteo se realiza con participación ciudadana.
Pero tener urnas físicas no vuelve inmune a una democracia. Porque el nuevo punto vulnerable puede encontrarse mucho antes de llegar a la casilla.
La urna puede estar intacta y la voluntad de quien deposita el voto haber sido sometida durante meses a una operación de manipulación.
Por eso 2027 empieza antes de 2027.
México debería considerar seriamente una investigación institucional. No dirigida por Morena. No controlada por el Gobierno. No destinada a perseguir opositores.
Una investigación plural, con reglas transparentes, que pueda determinar si estructuras extranjeras han intervenido en la conversación política mexicana, quién las financió y qué mecanismos utilizaron.
El Congreso podría hacerlo, como sugirió Sheinbaum.
El Instituto Nacional Electoral debería revisar también si las reglas actuales de fiscalización son suficientes para identificar recursos destinados a campañas digitales operadas desde otros países. Y sería conveniente hacerlo antes de que comience formalmente la disputa de 2027.
Porque después de una elección todo se convierte inevitablemente en acusaciones entre vencedores y derrotados. Antes todavía puede convertirse en prevención. Al final, el problema trasciende incluso a Fernando Cerimedo y Javier Negre.
Negre tiene derecho a defender su ideología, hacer periodismo desde la perspectiva que elija y criticar diariamente a Claudia Sheinbaum si así lo desea. Los empresarios mexicanos tienen igualmente derecho a financiar medios de comunicación dentro de los límites establecidos por la legislación.
La libertad de expresión incluye necesariamente la libertad de decir cosas que disgustan al poder.
Pero ninguna democracia está obligada a permanecer indiferente ante una eventual operación extranjera financiada para manipular artificialmente su debate político.
Chile decidió investigar. México todavía no. Sheinbaum dijo que hacerlo “no estaría de más”.
El nuevo audio y las informaciones que continúan apareciendo deberían servir, cuando menos, para comprender que el asunto no consiste en escuchar las peleas entre antiguos socios.
Consiste en seguir el dinero, reconstruir las redes y conocer los métodos. Porque la pregunta decisiva rumbo a 2027 no es quién critica a Claudia Sheinbaum.
Ni siquiera quién quiere que Morena pierda.
La pregunta es otra: ¿Quién intenta influir en el voto de los mexicanos, desde dónde, con qué métodos y con qué dinero?
Las elecciones de 2027 se decidirán en las urnas. Pero las manos de afuera en busca del voto pueden haber comenzado a moverse mucho antes.
