Permanece archivada en el Congreso de Quintana Roo la Iniciativa con Proyecto de Decreto para expedir la Ley en Materia de Desaparición de Personas, presentada desde marzo pasado.
Fue elaborada por un Diputado con el apoyo de colectivos de madres buscadoras y de otras instituciones de Derechos Humanos.
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Lo anterior, pese al reporte de miles de fichas de búsqueda sin diferenciar posibles casos forzados. Entre el 2022 y el 2024, en Quintana Roo se reportaron mil 781 personas desaparecidas.
Sin embargo, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda, del 2015 a la fecha se acumularon 4 mil 92 reportes de personas desaparecidas, cifras que sólo este año representan aproximadamente el 24.7% de todos esos casos.
La semana del 5 al 6 de diciembre del 2025, la Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó que la reforma de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas (LGD) atraviesa su etapa final de definición.
En Quintana Roo no existe una norma local que tipifique adecuadamente la desaparición forzada. La iniciativa presentada en la Legislatura local pretende cubrir ese vacío normativo: contempla 125 artículos enfocados en protocolos de búsqueda, creación de fondo estatal de búsqueda, registro de personas no identificadas, banco forense estatal y procedimientos de reparación y atención a víctimas.
A pesar de ello, la iniciativa permanece archivada y no ha sido sometida a votación.
Organizaciones de víctimas y derechos humanos han advertido que esta falta de regulación deja a las familias en total indefensión. Madres buscadoras y colectivos como Red Lupa han denunciado que sin una tipificación clara los expedientes de desapariciones quedan clasificados simplemente como “desapariciones” genéricas, sin distinguir posibles casos de desaparición forzada ni activar los mecanismos de investigación, identificación o justicia.
A la par, la propia Segob reconoce la urgencia del tema y asegura que la reforma Federal -junto con las nuevas reglas- será prioridad nacional.
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La reforma consolida mecanismos para acelerar la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, fortalecer el registro de datos biométricos, mejorar la coordinación institucional e incluir a nuevas dependencias en el sistema nacional, con lo que en teoría abriría la puerta a sanciones más efectivas.
De aprobarse la norma local las autoridades estatales tendrían un marco legal claro para clasificar desapariciones forzadas cuando existan indicios de participación estatal.
Se establecerían protocolos específicos de búsqueda, mecanismos de reparación integral, identificación forense más sólida y un fondo estatal para apoyar la investigación. Las víctimas y sus familias tendrían derecho a acceder a la verdad, participación activa en las investigaciones y garantías de no repetición.
