En una conferencia de prensa, integrantes del colectivo “Xtabay” y “Frente Feminista Quintana Roo”, con la participación a distancia de Giorgia, madre de un niño víctima de abuso sexual, exigieron la implementación de medidas de protección para ella y su hijo, un menor de tres años, y convocaron a una movilización pacífica hoy, a las 8:50 horas, en las instalaciones del Juzgado Cuarto de Distrito Federal, donde se celebrará una audiencia relacionada con el caso.
Colectivos de madres buscadoras y organizaciones feministas de Quintana Roo denunciaron de manera pública la actuación del juez de Control del Sistema Penal Acusatorio, Fernando “N”, a quien señalan por desestimar datos probatorios, peritajes y el testimonio del menor al resolver, en una primera determinación, no vincular a proceso al presunto agresor en un caso de abuso sexual infantil ocurrido en Playa del Carmen.
Noticia Destacada
Vinculan a proceso a Carlos Atanasio “N” por presunto abuso sexual a un menor en Playa del Carmen
Las agrupaciones indicaron que el señalado como responsable, identificado como Carlos Anastasio “N”, padre biológico del menor, sí fue posteriormente vinculado a proceso por un Tribunal de Segunda Instancia, el cual además impuso la prisión preventiva como medida cautelar. No obstante, dijeron que el imputado no se presentó a cumplir la orden judicial y actualmente permanece prófugo, mientras que la madre y el niño se mantienen bajo resguardo por razones de seguridad.
La abogada Lizbeth Song Anguas sostuvo que las organizaciones documentaron durante el 2025 más de 50 casos de presunta actuación judicial deficiente en procesos relacionados con abuso sexual contra menores y violencia familiar, lo que, advirtió, evidencia un patrón de resoluciones que “debilitan la protección efectiva de la infancia y favorecen la impunidad”.
En el encuentro con medios, las representantes subrayaron que el abuso sexual infantil es un delito de carácter oculto, que generalmente ocurre sin testigos y dentro de círculos de confianza, por lo que la ausencia de lesiones físicas evidentes no descarta la existencia del ilícito.
En este expediente, detallaron, el niño presentó alteraciones conductuales y emocionales que fueron registradas por autoridades educativas y personal especializado, y que forman parte del caso como indicadores clínicos de afectación.
“Esta conferencia no busca debatir tecnicismos legales, sino explicar por qué es fundamental que las autoridades actúen con perspectiva de infancia, atiendan la opinión de expertos y prioricen la seguridad de las víctimas”, expresaron voceras de ambos colectivos.
Noticia Destacada
FGE de Q. Roo logra 107 vinculaciones a proceso y 45 órdenes de aprehensión en una semana
Alertaron que la falta de ejecución de la prisión preventiva ordenada por el tribunal coloca en una situación de riesgo a la madre y al menor. Enviaron un exhorto a autoridades estatales y federales para evitar que recursos legales o decisiones procesales faciliten la evasión de la justicia.
El caso, concluyeron, coloca en el centro de la discusión la responsabilidad del sistema judicial en la protección del interés superior de la niñez, así como la necesidad de juzgar con un enfoque especializado en delitos que, por su naturaleza, rara vez cuentan con pruebas directas visibles, pero sí con evidencia pericial y testimonios técnicos que deben ser valorados con estricto rigor.