Ante la simulación de las empresas respecto a la aplicación de la Ley Silla, disputados locales como Ricardo Velasco, Hugo Alday y José Luis Pech exigen sanciones para las empresas que incumplan con la normativa
El diputado de Morena Ricardo Velasco reconoció que la brecha entre la ley y la práctica sigue siendo amplia. “No basta con que la norma esté en el papel. Si la autoridad no inspecciona de manera sorpresiva y no sanciona con firmeza, el mensaje a los patrones es que pueden seguir incumpliendo”, sostuvo.
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Añadió que desde el Legislativo se analiza solicitar informes periódicos sobre multas y cierres para medir el impacto real de la reforma.
El diputado local del PT, Hugo Alday afirmó que la Ley Silla no es una concesión de las empresas a los trabajadores, ya que es una obligación plasmada en el derecho positivo y a partir de su entrada en vigor es obligación de cada patrón generar las posibilidades para que personal pueda tener el descanso suficiente y de conformidad con los derechos humanos.
“ES importante que la autoridad de la STyPS tanto de Quintana Roo como la federal realizan las inspecciones correspondientes y apliquen las multas a quienes no cumplan con esta obligación, dado que a partir de este año es obligación para todos y cada uno de los patrones”.
Sostuvo que desde el Partido del Trabajo nos corresponde vigilar que se cumpla la ley en beneficio de todos los trabajadores en la entidad.
Por su parte, el diputado José Pech advirtió que el problema es estructural. “La Ley Silla es un mínimo, pero se cruza con otros incumplimientos como el pago de aguinaldo, pago digno de salarios y el reparto de utilidades. Si no hay una política integral de supervisión laboral, las empresas seguirán viendo estas obligaciones como opcionales”, afirmó.
La normativa se sustenta en dos ejes: garantizar sillas suficientes y en condiciones dignas, y prohibir que las personas trabajadoras permanezcan de pie toda la jornada, salvo en actividades estrictamente indispensables.
Especialistas , como la abogada Macarena Micher recomiendan al menos cinco minutos de descanso por cada hora laborada para prevenir padecimientos musculoesqueléticos y circulatorios.
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“Mientras la STPS reitera que la Ley Silla “no es opcional”, los testimonios de empleados reflejan una realidad distinta en mostradores, hoteles y comercios. La pregunta que queda abierta es si las inspecciones y las sanciones lograrán cambiar prácticas arraigadas o si, como advierten los propios trabajadores, el derecho al descanso seguirá dependiendo de la voluntad del patrón y no del peso de la ley.”, sostuvo Micher.
La STPS informó que el operativo de vigilancia se aplica a las empresas registradas ante el IMSS y que las sanciones pueden ir de 250 a 2,500 veces la UMA, lo que en casos graves supera los 586 mil pesos, además de la suspensión temporal de actividades por reincidencia.
Sin embargo, trabajadores, diputados locales y sindicatos como la CROC, cuyo delegado Roberto Simón participa en inspecciones conjuntas, señalan que las multas rara vez se hacen públicas y que no existe un padrón transparente de centros sancionados.