Habitantes de 33 comunidades de la zona limítrofe entre Quintana Roo y Campeche se preparan para interponer acciones legales ante la negativa del Instituto Nacional Electoral (INE) de emitirles credenciales de elector que los reconozcan como residentes de Othón P. Blanco o Bacalar.
El abogado Andrés Blanco Cruz, representante legal de estas localidades, estimó que la situación involucra alrededor de 13 mil potenciales votos de cara al proceso electoral de 2027.
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El problema radica en que la cartografía electoral que utiliza el INE ubica estas comunidades dentro del territorio de Campeche, pese a que el litigio limítrofe permanece sin resolución definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Las controversias constitucionales 9/1997 y 13/1997, promovidas por Quintana Roo contra la creación del municipio de Calakmul en 1996, fueron archivadas en 2013 sin sentencia. Una controversia posterior, la 226/2019, sigue en trámite.
Según Blanco Cruz, el sistema del Registro Federal de Electores impide registrar un domicilio quintanarroense. Los solicitantes son canalizados a módulos de Campeche o el trámite es rechazado de plano. La afectación no se limita al derecho al voto: la credencial para votar es el documento de identificación primaria para trámites bancarios, notariales, de salud y de acceso a programas sociales.
El conflicto territorial abarca entre 5 mil y 10 mil kilómetros cuadrados y afecta a 78 comunidades en total. De ellas, solo 33 se reconocen como quintanarroenses dentro de la controversia, mientras que 45 aparecen como campechanas, aunque la Constitución de Quintana Roo las reclama.
En 2025 se documentó que más de nueve mil ciudadanos ya enfrentaban el bloqueo para obtener su mica con domicilio en esta entidad.
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Los representantes comunitarios planean iniciar el procedimiento a principios de 2027. Una de las etapas se desarrollaría ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con una duración estimada de seis meses.
Mientras tanto, la cartografía electoral para el Proceso Electoral Concurrente 2026-2027 está programada para publicarse el 12 de noviembre de 2026, sin que hasta ahora exista una corrección que reconozca la situación jurídica pendiente.
La disputa, que arrastra casi tres décadas, deja a miles de habitantes en un limbo de identidad administrativa: administrados de hecho por Quintana Roo en servicios básicos, pero catalogados por el INE como residentes de otro estado.
La negativa de credenciales convierte un conflicto de límites en una restricción concreta de derechos políticos y civiles a menos de un año de la renovación de gubernatura, diputaciones y ayuntamientos.
